ESTÁ POR ABRIR el Casino Jubilee en Naucalpan, Estado de México, a pesar de contar con diversas incidencias.
La más delicada es que se violará la política pública de que no se abrirán nuevos casinos, como aquí mismo adelantamos.
Es importante señalar que ese establecimiento en 2014 fue clausurado por realizar juegos de azar de manera ilegal, por lo que existe una demanda presentada en contra del Estado mexicano.
Fue en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, caso CIADI-No. ARB(AF)/16/3.
También en 2017 un incendio fue provocado para desaparecer mil máquinas de juego de azar que se encontraban en su interior, quedando abandonado durante años.
Existen diversas denuncias presentadas ante la Dirección General de Juegos y Sorteos, dependiente de la misma Secretaría de Gobernación, por la Unión de Vecinos de la Colonia Santa Cruz Acatlán.
En ellas se expresa la preocupación por la seguridad de su comunidad, en caso de que se abra este un nuevo casino, sin que exista respuesta a la fecha de la queja vecinal que es probable derive en protesta cerrando el Periférico Norte para ser escuchados.
Pero lo más delicado es que se ha documentado la existencia de una investigación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), a cargo de Andrea Gacki, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, contra la concesionaria del casino Jubilee.
Es por una autorización irregular de la susodicha Dirección General de Juegos y Sorteos para operar un nuevo casino, el Jeyv, en el estado de Nuevo León, que gobierna el emecista Samuel García.
El permiso se entregó durante la administración de Adán Augusto López, en la Secretaría de Gobernación, por el entonces director de Juegos y Sorteos, Manuel Marcué Díaz.
Este funcionario ha sido señalado en varias investigaciones periodísticas como operador de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador.
DESPUÉS DE MÁS de 10 años de litigio, el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la CDMX resolvió una Acción Colectiva Difusa contra Grupo México y sus subsidiarias, Minera México y Buenavista del Cobre, absolviendo a las empresas de todas las prestaciones que en este caso le eran reclamadas. En 2014, la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa promovió este juicio contra las compañías de Germán Larrea, argumentando supuestos daños ambientales y afectaciones a comunidades en el estado de Sonora, derivados del incidente en el Río Sonora. Pero la defensa, encabezada por Juan Carlos Bolaños Silva y Mauricio Rodríguez Moreno, del despacho de abogados BRAQ, demostró que las mineras han cumplido con los requerimientos ambientales vigentes para evitar una condena que ascendía hasta los mil millones de pesos. Este tema constituye la Acción Colectiva Difusa de mayor relevancia que haya sido promovida hasta ahora en México. Además, puso a prueba el alcance real de la figura jurídica, la misma que ha sido utilizada en algunas ocasiones como un medio de extorsión para la iniciativa privada.
PUES NADA, CON la novedad de que al también empresario futbolero Alejandro Irarragorri se le complicó su situación. Ayer le dábamos cuenta del dueño de los clubes Pachuca y León, Jesús Martínez, por la decisión de la FIFA de excluir a los Panzas Verdes del Mundial de Clubes a realizarse este verano en Estados Unidos, lo que le dificultaría liquidar un crédito de 400 millones de pesos. Pero el caso del dueño del Atlas y el Santos está todavía más duro, porque Irarragorri no se presentó el 24 de marzo pasado a una audiencia al que fue emplazado por un juez en Torreón, Coahuila, desacato que lo puso en una condición de “sustraído a la acción de la justicia”. El dueño de Grupo Orlegi trae una demanda de la Procuraduría Fiscal, que comanda Grisel Galeano, por una supuesta evasión de impuestos sobre la renta por más de 17 millones de pesos. Su abogado es el afamado Adolfo Aguilar Zínser, quien lo asesoró bien, porque de haberse presentado a declarar, le hubieran podido fincar prisión preventiva justificada. Así las cosas.
RESULTA QUE A ocho años de haber dejado de presidir el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Edgar Elías Azar continúa usando su red de influencias para manipular procesos. Tal es el caso de la magistrada de la Quinta Sala Civil, Rosalba Guerrero, que está a punto de condenar al pago de 40 millones de pesos más daños punitivos a una multinacional encajada en el sector de los alimentos. Sucede que Elías es dueño de la cadena de cafeterías The Coffee Bar y reclama la titularidad de la marca Mokaccino, notoriamente conocida en el mercado nacional. Como muchos vivales, el ex magistrado registró tiempo atrás indebidamente la marca en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). Lo inaudito de todo es que la magistrada Guerrero ya mandó decir que, háganle como quieran, pero que confirmará la sentencia en primera instancia que el Juzgado Sexto Civil, también influenciado por Elías, emitió el año pasado.
AHMSA SIGUE DE MALAS. Y es que la jueza concursal, Ruth Haggi Huerta, acaba de bloquearle al síndico de la quiebra la venta de un activo que no tenía nada que ver con la masa o la unidad de producción. Eran tres bodegas en Tlalnepantla, Estado de México, con las que se pretende pagar a los trabajadores. La acerera no tiene liquidez y el experto encargado del remate de los bienes, Víctor Aguilera, ya tenía comprador. Pero la jueza no autorizó la venta y la suspendió, cuando se tenía la aprobación de los principales acreedores que representan 49% del pasivo. El síndico le expuso sus motivos de urgencia y exhibió avalúos y en forma infundada Haggi Huerta negó la venta sin tomar en cuenta los argumentos expuestos. Hacer más tardado el proceso para la solución de la venta de los activos de AHMSA atenta contra la Ley de Concursos Mercantiles. Desde luego, ya se interpuso un recurso legal contra la resolución, pero eso retrasará mucho el proceso para que los acreedores puedan cobrar.
CAABSA EAGLE, DE los hermanos Luis y Mauricio Amodio, perdió la concesión del servicio de recolección de basura en el municipio de Tonalá, en Jalisco, luego de 20 años de servicio. El municipio se suma al de Guadalajara, donde también la empresa fue removida en diciembre pasado. En los últimos años la compañía arrastró muchas quejas de la ciudadanía, una mala reputación por el trato a sus trabajadores, falta de pago a sus proveedores y una desgastada relación con los gobernantes quienes en otras épocas fueron sus aliados para mantener las concesiones. Caabsa Eagle también tendrá que enfrentar las acusaciones que tiene por supuestos daños medioambientales en los vertederos de basura de Matatlán y Los Laureles. Estos litigios se suman a los que el grupo tiene con el gobierno de la ciudad de México por la construcción del tramo 3 del Tren Interurbano México-Toluca, y que les ganó la animadversión de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
