La magistrada de circuito María Emilia Molina de la Puente, exintegrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial, responsabilizó al Senado de la República por la inclusión de candidatos presuntamente vinculados al crimen organizado en las boletas para la elección judicial, al señalar que el Comité no tuvo participación en la evaluación de esas postulaciones.

En entrevista con El Universal, Molina exigió al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, “asumir su responsabilidad”, ya que, según dijo, el reglamento y las reglas del proceso fueron diseñadas por el propio Congreso. “Esto tiene una falla de diseño… una reforma estructural sin diagnóstico ni técnica legislativa”, sostuvo.

La magistrada explicó que el Comité del Poder Judicial fue excluido del proceso por una serie de resoluciones judiciales contradictorias. Primero se les ordenó suspender el procedimiento, después se revocó esa instrucción y, finalmente, el Senado ejecutó un proceso de insaculación sin evaluación, siguiendo una orden del Tribunal Electoral.

“El Tribunal sin facultades y por encima del texto constitucional, ordenó al Senado que hiciera todo el proceso de insaculación sin evaluación de los aspirantes”, detalló Molina, quien también preside la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

Aunque reconoció que “es probable” que haya candidaturas “impresentables”, advirtió que los casos denunciados fueron responsabilidad del Poder Legislativo, no del Comité Judicial. Citó como ejemplo el caso de un exfiscal de Michoacán investigado por varios delitos, incluido en las boletas sin haber pasado por el filtro judicial.

Además, subrayó que el volumen de aspirantes —hasta 18 mil en uno de los comités— hizo imposible una revisión detallada, debido a que el Senado fijó las reglas, los plazos y omitió los controles.

“¿Quién hizo la reforma constitucional? El partido en el poder. ¿Quién hizo las reglas? El Senado. ¿Quién eligió a las personas candidatas sin evaluación? El Senado. Entonces, que asuman su responsabilidad”, sentenció.