La oposición en el Congreso de la Unión acusó que desde Palacio Nacional se busca frenar el financiamiento ilícito de campañas de Morena, tras los recientes decomisos históricos de hidrocarburos en Baja California y Tamaulipas. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano aseguran que los operativos revelan una estrategia para cortar flujos de dinero provenientes del robo de combustible hacia estructuras electorales de la llamada Cuarta Transformación.
Este fin de semana, autoridades federales decomisaron casi 8 millones de litros de huachicol en un predio de Ensenada propiedad del exsenador morenista Gerardo Novelo, suplente del exgobernador Jaime Bonilla y cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Más tarde, la Secretaría de Seguridad federal reportó la incautación de un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, procedente de Texas y con bandera de Singapur.
Ambas operaciones estarían conectadas por la empresa Mefrafletes, que arrendó los predios donde se almacenaban los combustibles, tanto en Ensenada como en Altamira. La compañía fue fundada en 2015 en Zapopan, Jalisco, y su apoderado legal, José Isabel Murguía Santiago, es identificado como cercano a Amado Yáñez Osuna, exdueño de Oceanografía y figura controvertida por fraudes al erario.
En 2021, Mefrafletes ya había sido sancionada por vínculos con huachicol en operaciones relacionadas con Interjet, propiedad del empresario Alejandro del Valle, actualmente preso desde diciembre del año pasado.
Desde la oposición señalan que estas redes empresariales habrían sido utilizadas para financiar campañas de Morena desde su fundación en 2015, en particular a través de Sergio Carmona Angulo, operador originario de Tamaulipas, conocido como el “líder huachicolero” y asesinado en 2021. Carmona fue vinculado mediante reportajes periodísticos a Mario Delgado, actual dirigente nacional morenista, e incluso al propio López Obrador.
Gerardo Novelo reconoció públicamente, antes de borrar el mensaje, que su terreno fue arrendado por Mefrafletes, y atribuyó el contrato al empresario Luis Francisco Rodríguez Orozco, alias “Gussy”, aunque el hecho ha encendido las alarmas internas sobre su permanencia en la estructura de la 4T.
Los legisladores opositores afirman que los decomisos no solo evidencian la operación de una red de financiamiento ilícito, sino que contradicen el discurso del sexenio anterior sobre el combate frontal al robo de combustible. Cabe recordar que el propio Novelo legisló para endurecer las penas por este delito, al mismo tiempo que ahora su propiedad aparece implicada en estas operaciones.
En paralelo, Morena dispone actualmente de un amplio margen presupuestal para sustituir esos presuntos ingresos ilícitos. Con el 43.5% de la votación nacional en 2024, el partido recibió para este año el 34% de los recursos públicos asignados a los partidos políticos, lo que representa más de 2,500 millones de pesos, sin contar las prerrogativas estatales en los 32 estados donde mantiene una hegemonía creciente.
La oposición anticipa que este tema llegará a medios y mesas de análisis en radio y televisión, mientras el oficialismo guarda silencio sobre las posibles implicaciones internas de los operativos. El caso Novelo, según afirman voces internas, podría marcar un “corte político quirúrgico” en la 4T.