La pausa de 90 días que otorgó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países a los que aplicó aranceles recíprocos le ha dado un ligero respiro a los mercados financieros mundiales y a los propios gobiernos que tienen relaciones con la todavía mayor potencia económica. Y si bien México y Canadá, sus dos principales socios comerciales, habían recibido un trato “preferencial”, las tarifas arancelarias a productos como el acero, el aluminio, los automóviles y otros productos agroalimentarios como el jitomate –en el caso de México– han puesto en mayor tensión a sus supuestos aliados en el TMEC, en particular a la administración de Claudia Sheinbaum.
Este lunes, la Presidenta reconoció que pese a los acercamientos con el gobierno de Trump y las llamadas que han sostenido personalmente, no se ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos respecto a los aranceles al acero y al aluminio, ni tampoco en cuanto a la industria automotriz ni el jitomate.
“Estamos platicando sobre el tema de aranceles en acero, aluminio y automotriz, no llegamos a un acuerdo pero sí planteamos argumentos”, reconoció ayer la mandataria. El problema es el tiempo, porque el 3 de mayo comenzaría a aplicarse un nuevo arancel a las autopartes mexicanas.
El planteamiento de México, particularmente del equipo que encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es que todo lo que esté amparado por el TMEC no tenga aranceles y el resto se pueda negociar. El argumento del gobierno mexicano –y tiene mucha razón– es que lo que está haciendo Estados Unidos viola el acuerdo trilateral y una cláusula de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que invoca a una “nación más favorecida”.
Pero a Trump poco le importa pasar por encima de las reglas de la OMC, de donde ha amagado con salirse, y tampoco le conmueve que se esté violando el TMEC, pese a que México, por ejemplo, haya decidido momentáneamente no imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos. El presidente estadounidense y su gabinete ya le tomaron la medida a nuestro país y buscan generar ganancias considerables en tres ámbitos: la seguridad, la migración y el comercio.
En esta posición de desventaja para México, es que el gobierno de Sheinbaum trabaja a marchas forzadas para lograr, en el corto plazo, echar abajo los aranceles impuestos a sectores clave para el país, como son la industria automotriz y acerera.
Como expusimos hace unos días, hay una regla que impuso el exrepresentante comercial de EU, Bob Lighthizer, que data de noviembre del 2018, con la cual se busca librar los aranceles al acero, el aluminio y la industria automotriz. Dicha regla argumenta temas de seguridad. Una vez ejecutada, se fijó un plazo de consultas y negociaciones que no exceda los 60 días. La apuesta del gobierno mexicano es resolver todo en menos de 40 días a partir de la aplicación de los aranceles al acero y aluminio, que fue el 12 de marzo pasado.
México busca que el llamado “sistema de descuento” para excluir de aranceles los componentes fabricados en EU y que aplique prácticamente a todos los productos que envía nuestro país a Estados Unidos, de manera que no haya un trato discriminatorio. Hoy esto suena como una hazaña, pero esa es la apuesta del equipo de Ebrard, por lo que trabajan a contrarreloj.
Y así como está sucediendo con las aduanas –por donde ingresan indiscriminadamente productos e insumos asiáticos de contrabando, además del llamado huachicol fiscal, donde se está comenzando a poner orden y se alista una reforma estructural para tener un mayor control y vigilancia– en materia de acero y aluminio el gobierno de Sheinbaum deberá asegurar que no siga la triangulación de estos productos provenientes de Asia o de países europeos donde las empresas chinas producen para enviar a México y luego a Estados Unidos.
En suma, las negociaciones que sostiene el gobierno mexicano con el estadounidense para evitar los aranceles, cruzan por reformas legales, constitucionales, mayor vigilancia y regulación, así como disposición y colaboración de prácticamente todo el sector público y el privado. Una tarea que luce muy complicada y con grandes presiones de tiempo.
Posdata 1
Un asunto que se viene litigando y que podría tomar fuerza pronto es uno relacionado con el BBVA México y el empresario Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa, exconsejero del área metropolitana del banco en los años noventa. Por aquellos tiempos, Fuentes Hinojosa adquirió un paquete accionario de más de 9 millones de acciones, los cuales ahora reclama por una cifra multimillonaria que aún está en revisión.
El proceso de verificación iba avanzando bien dentro de la institución que dirige Eduardo Osuna, hasta que llegó a manos del director Jurídico, Raymundo Carrillo de Albornoz, donde al parecer se entrampó. El abogado Víctor Olea, expresidente de la Barra Mexicana de Abogados, tomó el caso y asesora al empresario Fuentes Hinojosa.
La idea es llevar el asunto a los tribunales y que intervengan las autoridades financieras del país, entre ellas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Jesús de la Fuente Rodríguez, y la Secretaría de Hacienda, que encabeza Édgar Amador. Ya se verá si avanza el caso y quién tiene la razón.
Posdata 2
Hablando del sector financiero, la próxima Convención Bancaria que se llevará a cabo el 8 y 9 de mayo en Nuevo Nayarit será por demás importante e interesante en el contexto de volatilidad en los mercados financieros, los aranceles de Estados Unidos y las medidas antilavado que está tomando el gobierno de Donald Trump.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya confirmó su asistencia al encuentro con el sector financiero del país, donde no le fue mal como candidata presidencial el año pasado, así como tampoco al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien los banqueros y la banqueras siempre tuvieron buenas experiencias durante su sexenio.
Clausura el evento el secretario de Hacienda, Édgar Amador, quien a su vez tendrá su primera participación en una Convención Bancaria como titular del ramo. Asisten también la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, Altagracia Gómez; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal, José Merino, el presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente, y el titular de la Condusef, Óscar Rosado.
Además será la unción de Emilio Romano como nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, en sustitución de Julio Carranza. El Premio Nobel de Economía 2024, James Robinson, tendrá también una participación especial.
Posdata 3
Acaba de encenderse una alerta en la delegación del IMSS de San Luis Potosí, a cargo de Angélica Cristina Rodríguez. Apenas a finales de 2024, en las unidades médicas de la entidad se reportó la falta de insumos y presuntos actos corrupción en niveles directivos. En las últimas semanas los focos rojos se detectaron en la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, donde las denuncias apuntan al supervisor de Proyectos E2, Miguel Ángel Lara Hernández.
El funcionario está en la mira por supuestamente facilitar información para adjudicar contratos a los privados, principalmente en lo que corresponde a medicamentos. El modus operandi se estaría repitiendo en la compra LA-50-GYR-050GYR023-T-55-2025 para suministrar hasta 2 mil 100 cartuchos de impresión, pues se comenta que el supervisor obstaculizará el proceso para favorecer a empresas cercanas. Hoy se dará a conocer el fallo.
