El expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió justicia para el gremio portuario de Veracruz y no cumplió. Sumidos en la miseria, enfermedades y el hambre, cientos de extrabajadores portuarios a quienes Carlos Salinas arruinó con la requisa de 1991, que por cierto fue ilegal, siguen exigiendo una solución, pero no son escuchados. El caso está empantanado entre la burocracia y la demagogia. Algunos ejemplos: El Seguro Social ofreció pensiones para más de cuatrocientos miembros del sindicato de maniobristas y carretilleros y sólo ha entregado dieciocho; el Infonavit prometió 474 casas y no ha otorgado ninguna; la Presidencia de la República, ya con Claudia Sheinbaum, se comprometió en diciembre de 2024 a revisar el tema instalando mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación y a la fecha nadie ha convocado a las reuniones. La devolución de los edificios sindicales sigue pendiente y nadie responde y lo mismo ocurre con la asignación de la concesión del muelle número nueve, pues la Coordinación de Puertos se niega a acatar una sentencia en favor de los obreros. El dirigente del sindicato de maniobristas resume este desinterés oficial en la siguiente frase: “Todo indica que para el Gobierno lo más importante es proteger los intereses de Carlos Salinas, Carlos Slim, Dante Delgado y empresarios chinos relacionados con el negocio portuario en Veracruz. Los trabajadores no importamos”.
Alejandro Pulido Cueto, dirigente del sindicato de trabajadores maniobristas y carretilleros del puerto de Veracruz afirma que, a cuatro meses de que tomó posesión la Presidenta Claudia Shienbaum todavía sigue trabado el tema del retorno de propiedades, entre otras, las cuentas bancarias de la organización, los edificios, las pensiones del Seguro Social, la concesión del muelle nueve y la asignación de casas por parte del Infonavit.
–¿Qué ha retrasado tanto este proceso de justicia laboral? –se le pregunta al también abogado laborista.
–Los intereses de Carlos Salinas. Hay demasiada gente que no quiere que se nos haga justicia. Y aquí también están implicados los intereses de Carlos Slim y Dante Delgado, que desde 1991 se quedaron con nuestras concesiones en el puerto.
Pulido Cueto lleva cinco años en lucha abierta por recuperar los bienes del sindicato de maniobristas que en 1991 les arrebató Carlos Salinas al decretar, ilegalmente, la requisa al puerto; desde entonces el Gobierno se quedó con los bienes sindicales. Pero al quedar demostrado que la requisa fue ilegal, el Estado mexicano debe devolverle a los trabajadores sus propiedades. Hasta ahora este objetivo ha sido incumplido. Andrés Manuel López Obrador prometió justicia en este caso. No cumplió. Y la Presidenta Claudia Sheinbaum al parecer va por el mismo camino, afirma Pulido.
Entre diciembre de 2024 y enero de este año, le llamaron por teléfono a Alejandro Pulido para decirle que se iban a instalar mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación para destrabar el problema. La llamada salió de la Presidencia de la República. Hasta la fecha ninguna mesa de trabajo se ha puesto a discutir el asunto y el líder sindical sigue esperando un nuevo llamado.
En reciente gira por el estado de Veracruz, Pulido Cueto abordó a la Presidenta Claudia Sheinbaum en el municipio de Gutiérrez Zamora. Iba acompaña de la Gobernadora, Rocío Nahle. Ahí, la mandataria le preguntó a Pulido: ¿Y ustedes qué es lo que quieren?
Pulido fue rápido en su respuesta: “Que nos devuelvan lo que nos robó Carlos Salinas de Gortari en 1991”. La Presidenta ofreció atender el tema, pero hasta ahora no se han entablado las comunicaciones para ello. En ese breve encuentro, la Gobernadora Nahle comentó que ella tenía un proyecto, enviado por Pulido, sobre una inversión millonaria para el muelle número nueve, propiedad del sindicato de maniobristas. Pulido asegura que lo extraño de todo es que “nada se mueve en favor de nosotros. Seguimos esperando justicia y lo más grave es que nuestros viejos (se refiere a los socios maniobristas) siguen muriendo por falta de recursos”.
El proyecto de inversión de Pulido tiene que ver con echar a andar el muelle nueve, con una inversión inicial de 380 millones de dólares que proviene de inversionistas extranjeros. Sin embargo, el Gobierno Federal no le ha entregado a los maniobristas la concesión que el gremio portuario ya ganó mediante un laudo. Sólo falta ejecutar lo que dicta la sentencia, pero la coordinación de Puertos se ha negado a acatar el fallo judicial.
–¿Por qué? –se le inquiere.
–La estructura de Carlos Salinas es muy fuerte todavía en este Gobierno. Ellos están defendiendo sus intereses en el puerto y el Gobierno se los ha respetado por encima de la injusticia que cometieron con nosotros.
Esa es la razón por la que el Seguro Social apenas ha entregado dieciocho pensiones, de más de cuatrocientas que debe otorgar; el Infonavit nos informó que tiene disponibles para nuestros agremiados 474 casas, pero no se asignan y con respecto al SAT sigue pendiente el tema de las cuentas del sindicato, pues no nos informan sobre los saldos y menos nos devuelven su dinero.
Tanto la Gobernadora de Veracruz como la Presidenta –sostiene Pulido Cueto –ya conocen nuestra situación y las demandas que estamos planteando, pero desconocemos las razones que impiden que actúen y nos hagan justicia. La inversión para el puerto que nosotros tenemos negociada en el extranjero va a detonar al estado, pues estamos urgidos de inversiones, pero lo grave es que, pese a que en juicio ganamos el caso de nuestra concesión, es la hora en que no quieren entregarla.
Pulido Cueto asegura que tiene el respaldo de organizaciones portuarias internacionales como IDC y otras de Estados Unidos, que conocen de nuestra situación, y están abiertos y dispuestos a apoyar nuestra causa. No obstante, al Gobierno Federal parece que lo que más le importa es apoyar a Salinas, a Slim y a todo lo que tiene que ver con los chinos involucrados en el negocio portuario.
Los maniobristas no importamos para el Gobierno, sostiene Pulido con un dejo de impotencia, pues al movimiento obrero portuario le ha dedicado cinco años de su vida para alcanzar justicia y, sin embargo, la respuesta oficial ha sido el silencio y, cuando medio nos hacen caso, dice, nos dan largas y largas, es decir, pura demagogia.
La guerra comercial
El imparable tráfico de fentanilo a Estados Unidos y la migración –dos actividades que opera la delincuencia organizada –provocó que el Presidente Donald Trump declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Y mediante un comunicado la Casa Blanca acusó al Gobierno de México de estar coludido con las organizaciones criminales.
Por ello, el martes 4 impuso aranceles del 25 por ciento a las exportaciones de productos mexicanos que van a Estados Unidos; lo mismo hizo con Canadá –dos socios comerciales importantes de Estados Unidos –, con lo que prácticamente dio inicio la guerra comercial entre los principales miembros del T-MEC.
Estos aranceles no se pudieron detener con el envío de 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos para frenar el flujo migratorio y de fentanilo; tampoco con el traslado –que no extradición –de 29 capos del crimen organizado, entre los que destacan Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, éstos miembros de Los Zetas, que fueron entregados a la justicia mexicana con explicaciones que aún dejan una larga estela de dudas, pues todo indica que la decisión se tomó violando derechos humanos, algo así como lo que pasó con “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024, cuando se lo llevaron a la fuerza, presuntamente secuestrado, por agentes extranjeros de la CIA, DEA o FBI.
Un total de seis de los narcotraficantes trasladados son candidatos a la pena de muerte, entre ellos, Caro Quintero, acusado de haber participado en el secuestro, tortura y muerte de Enrique Camarena, en 1985, un agente de la DEA que le seguía los pasos al entonces cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Félix Gallardo, Caro Quintero y Ernesto Fonseca, “Don Neto”. Este último, por cierto, purga lo que le resta de su condena por el caso Camarena y tráfico de drogas en prisión domiciliaria.
Luego de que el Donald Trump declaró a los cárteles mexicanos como grupos del terrorismo dijo que se implementarían acciones en territorio nacional para exterminar a estos criminales, responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos, la letal droga sintética que mata a 100 mil norteamericanos cada año.
Dichas acciones, de hecho, ya iniciaron con vuelos espías en territorio mexicano, sin aviso previo a las autoridades de México; con las presiones vía aranceles que ya se impusieron –aunque se están negociando –y posiblemente con la entrega de algunos narcopolíticos, sí, políticos que protegen al terrorismo y que gozan de fuero e impunidad en México.
Y es que Donald Trump ahora pidió al Departamento de Justicia de su país que investigue quienes son los narcopolíticos mexicanos que están imbuidos en protección de los grupos terroristas –o cárteles –para que sean enviados a Estados Unidos y enfrenten a la justicia de ese país.
Lo cierto es que en México hay una larga lista de personajes que han sido señalados de estar implicados en actividades de crimen organizado. Uno de ellos es Daniel Cabeza de Vaca –señalado de haber pactado con Los Zetas y de lavar dinero sucio –y que curiosamente vive en Texas muy quitado de la pena.
Otros presuntos políticos con el estigma de criminales son Rubén Rocha Moya –Gobernador de Sinaloa –y Américo Villarreal, éste Gobernador de Tamaulipas. Y en la lista también se menciona a Adán Augusto López, líder de la bancada de MORENA en el Senado, acusado por el Gobernador de Tabasco, Javier May, de haber colocado en la Secretaría de Seguridad Pública, cuando fue Gobernador de Tabasco, a un miembro de “La Barredora” –brazo armado del cártel de Jalisco –y que responde al nombre de Hernán Bermúdez Requena.
