Durante años, el gobierno obradorista fracasó en controlar las mercancías ilegales que entran por aduanas, en especial los precursores para elaborar fentanilo. Ahora, las redes criminales encontraron otro buen negocio: la práctica conocida como “huachicol fiscal”.

En enero, la organización Onexpo Nacional, que aglutina a más del 90% del sector gasolinero del país, publicó que cada día hay una diferencia de 40 millones de litros de gasolina que salen oficialmente de EU como exportación hacia México, pero cuya importación no se reporta. Son litros que llegan en buques, importados como si fueran otras sustancias, no como gasolina. Por tanto, no pagan impuestos petroleros. Una parte de esas ganancias ilegales alimentan a los cárteles. Y por eso Washington está particularmente interesado en ello.

Tanto las aduanas como el cobro de los impuestos petroleros son áreas de responsabilidad de Hacienda. Por eso es relevante el nombramiento del nuevo secretario del ramo, Edgar Amador, quien llegó como subsecretario en 2024 y fue ascendido tras ganarse la confianza del círculo más cercano a Sheinbaum. La designación llega en medio de este tenso momento en la relación con EU, y de serias fricciones al interior del gobierno federal.

Ahora, una institución dentro de la propia Secretaría de Hacienda está investigando a Amador. El 13 de marzo, la UIF dio las primeras señales de que investigaba a su propio jefe. Para indagar manejos sospechosos de dinero, la UIF recopila información del sistema financiero y envía oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Luego, esta pide datos y documentos a los bancos donde la persona investigada tiene cuentas o puede tener dinero.

Tuve acceso a algunos de los documentos que se han elaborado para investigar a Amador. Allí se ve que, curiosamente -y quizá porque no hay otros indicios-, la UIF no se está concentrando en las cuentas personales que ha registrado en sus declaraciones patrimoniales, sino en los movimientos de cuentas que operaban cuando Amador trabajó en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

En 2021, Amador fue inhabilitado por tres meses por la Secretaría de Finanzas de Ciudad de México cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno. Los reportes de prensa indican que la inhabilitación se dio por indagatorias sobre manejos del dinero para ayudar a las víctimas del terremoto de septiembre de 2017. La sanción no involucró ninguna multa y tampoco se conocían otras investigaciones posteriores, hasta ahora.

En los últimos días, en la CNBV, se tomaron mucho más tiempo que de costumbre para procesar la petición de la UIF sobre Amador, me dijeron fuentes con acceso a los documentos. Normalmente, una solicitud como esta demoraría un par de días en procesarse en la CNBV y enviarse a las instituciones financieras, para que respondan si la persona tiene cuentas, envíen sus estados financieros y sus movimientos de dinero. Además, envían oficios a todo el sistema financiero. Ahora, la operación ha sido mucho más discreta. La CNBV, que también depende de Hacienda, se tomó más de una semana para procesar las solicitudes de la UIF sobre Amador. Las envió solo a algunas entidades donde creen que puede haber datos de los movimientos desde el gobierno de la capital.

Busqué a Amador para preguntarle si sabía que dos de las agencias a su cargo están investigándolo. Prefirió no dar una declaración pública.

No queda claro si la investigación al secretario de Hacienda proviene de una indagatoria normal, por su nuevo puesto, de una fricción entre grupos al interior del gobierno o de una necesidad de probar a Washington que el responsable oficial de estas áreas delicadas de aduanas e impuestos petroleros es cabal. Lo que es un hecho es que el nuevo secretario de Hacienda se enfrentará a presiones de Washington y, al parecer, también a fuego amigo.