El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, incluyó a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en su lista negra de ingreso por su presunta participación en graves actos de corrupción, lo que impide su entrada al país, informó este jueves el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio.

En el mismo anuncio se agregó al exministro argentino Julio Miguel de Vido, también acusado de enriquecerse ilícitamente a través de sobornos vinculados a contratos de obras públicas. “CFK, De Vido y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos”, señala el comunicado oficial.

“CFK y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno (…) lo que ha socavado la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina”, detalló el documento.

En Palacio Nacional, la medida fue recibida con preocupación. De acuerdo con fuentes cercanas a la Presidencia, el mensaje se interpretó como una advertencia indirecta hacia México y hacia la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, por los señalamientos persistentes de supuestos vínculos de figuras de Morena con el crimen organizado.

La frase incluida en el comunicado —“Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público en beneficio propio”— fue leída como un mensaje regional, que no se limita a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, sino que también alcanza a naciones consideradas aliadas, como México.

A inicios de marzo, el presidente Trump declaró en entrevista con The Spectator que recomendaría a la fiscal general Pam Bondi el proceso judicial contra políticos mexicanos que se habrían beneficiado del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

El endurecimiento del discurso de Washington toca una línea sensible del obradorismo, que llegó al poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción. No obstante, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al menos 26 exfuncionarios han sido procesados por el escándalo de Segalmex, en el que se calcula un desvío de más de 15 mil millones de pesos destinados a programas de seguridad alimentaria.

Aunque no existen investigaciones abiertas contra el expresidente López Obrador, los recientes movimientos del Gobierno estadounidense han generado incertidumbre sobre la posibilidad de que otros exfuncionarios y operadores políticos de alto nivel puedan ser blanco de indagatorias internacionales.