Esto no es Ayotzinapa, “esto va en serio”, dijo ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero en su primer informe sobre el caso Teuchitlán, donde, en realidad, no proporcionó mucha información nueva sobre el centro de reclutamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El fiscal dijo, y es verdad, que existieron irregularidades serias de la Fiscalía estatal y las autoridades municipales, además de que la Policía del municipio de Tala colaboraba, trabajaba, para los criminales. Dijo Gertz que no sabía si ése era un centro de exterminio, aunque sí se encontraron restos humanos que aún están bajo investigación. No hay, dijo, hornos crematorios, y eso es un hecho, pero los testimonios de personas que lograron huir de ese lugar, que operó durante años con total impunidad, dicen que allí se incineraba a las víctimas… para eso no se necesitan hornos.
No sé si esto no es Ayotzinapa, como dice Gertz, porque allí quizá se cometieron otros errores, pero la conclusión final es similar y es la que no pudo ser desmentida por los fiscales especiales de la anterior administración: los jóvenes de Ayotzinapa, como los de Teuchitlán, fueron reclutados en forma forzada, algunos secuestrados, todos ellos eliminados por los cárteles, y sus restos incinerados y dispersados, para ello contaron con la complicidad de las fuerzas policiales municipales, en una lógica de empoderamiento criminal propiciado por la impunidad y, en los últimos años, por el absoluto abandono de las fuerzas policiales locales por parte del gobierno federal.
En esta ocasión, a diferencia del caso Ayotzinapa, el gobierno federal actuó políticamente más rápido y, aprendiendo de las experiencias pasadas, comenzó a operar para deslindarse de hechos de los que, de otra forma, es casi imposible salir bien parado. No tardaron tanto como Peña en hacerlo, pero tampoco reaccionaron tan a tiempo, lo hicieron cuando el daño ya comenzaba a ser real. Y terminaron cometiendo el error de culpar de lo sucedido a una campaña de “los conservadores”, como si se estuviera hablando de hechos falsos: no sé si hubo campaña o no, pero el rancho Izaguirre y lo que ahí sucedió es una realidad tan concreta como asumir que el rancho se descubrió en septiembre pasado y no fue hasta ahora que, ante la presión social, se comienza a investigar seriamente lo sucedido.
¿Es culpa de la Fiscalía estatal? Sin duda, pero también debería haber responsabilidades federales. El rancho fue descubierto en septiembre en un operativo donde participaron fuerzas estatales y federales, y debería haber información sobre lo ocurrido. La Fiscalía estatal no pidió que fuera atraído el caso y la federal tampoco lo atrajo por sí misma, como ha ocurrido ahora.
En toda esta historia se develan muchas cosas: primero, que hubo una estrategia de seguridad que no involucró nunca a las fuerzas policiales locales y las dejó en manos, tanto a nivel estatal como municipal, de los grupos criminales, que por ello pudieron extender su poder territorial, con gobernadores que, al igual que el Ejecutivo federal, no se involucraron en la lucha contra los grupos criminales con la coartada de que esos eran delitos de índole federal, en un gobierno federal con una fuerte tendencia centralizadora.
Segundo, es una demostración de que las reformas para dotar de capacidades de investigación a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana eran imprescindibles, entre otras razones, porque la Agencia Federal de Investigación, que depende de la FGR, no está en condiciones materiales, entre otras razones, por el escaso número de sus elementos, de cubrir las exigencias federales. Construir esa nueva policía de investigación debe ser una de las prioridades políticas y presupuestales, para que pueda articularse con la estrategia diseñada, al tiempo que se toman muchas otras medidas, entre ellas, pero no solamente, las anunciadas por la presidenta Sheinbaum esta misma semana.
Y se debe establecer con claridad cómo ocupar las capacidades de investigación de la Guardia Nacional en relación con la SSC federal y las entidades estatales, muchas de las cuales deben ser también reconstruidas.
El diseño de la actual estrategia de seguridad es acertado, pero se está partiendo de tantas carencias, que son demasiados los huecos que se deben llenar y se corre el riego de que, por atender lo urgente (y hay muchísimas cosas que lo son), no se atienda lo importante y estratégico. Y parte de eso es establecer todo el entramado institucional y contar con los recursos suficientes para hacerlo. Hay que recordar que, como porcentaje del PIB, somos el país de la OCDE que menos invierte en seguridad y defensa e invertimos menos de un tercio de lo que hacen Colombia, Chile o Argentina.
Un tercer punto también es clave: no se pueden atar este tipo de investigaciones a consideraciones políticas de coyuntura o al discurso del pasado remoto. Ése fue uno de los errores del caso Ayotzinapa y esta administración también está tentada de hacerlo en una ruta dual, por una parte, mirando hacia el futuro con una nueva estrategia de seguridad y, por la otra, mirando hacia el pasado lejano para buscar culpables. No podremos salir de este enorme bache de inseguridad en el que vive el país sin asumir que la historia, diría Kundera, es una lucha de la memoria contra el olvido, pero donde no se puede construir un futuro sin asumir las carencias del pasado inmediato.
