Tres sistemas entrelazados están en reconstitución simultánea. Es la oportunidad de que rompan sus lazos. El sistema político, con dominación unipartidista, que desmorona la estructura de la “transición democrática” tras el fraude de 1988; el judicial, con una moneda al aire, luego de derruirse el poder constituido en 1995; y el de los narcocriminales, que ha dependido -y manipulado- a los dos anteriores, justo en los últimos 35 años.

Tuvo que ocurrir una de las mayores crisis del sistema de justicia en el país, y una amenaza de Trump, para encontrar la rendija por la que salieran hacia Estados Unidos capos y capitos. El mayor, por la historia y el significado, Rafael Caro cuyo idilio con los tribunales le había permitido ser un operador longevo y adquirir un carácter mítico como el Speedy González del crimen.

La entrega de 29 criminales ocurre en medio de la recomposición de los cárteles. Sinaloa en guerra intestina, Jalisco afectado en sus cúpulas; la Familia en expansión irregular por el sur del país, y el Noroeste, atrincherado, un cisma.

Finaliza un ciclo de tres décadas de dominio del narcotráfico y de reparto de regiones del país; el nuevo ciclo atravesará por una pulverización y un reacomodo definido por el mercado de las drogas y la recomposición política. Tener en cárceles de EU a El Chapo, El Mayo y Caro pasando por los Zetas y el “Chango” Méndez da cerrojazo a la galería del terror de los últimos 40 años. Pero hay mucho que hacer todavía para que no renazca algo peor.

La decisión política de entregar a los 29 empata con la reforma al Poder Judicial, otra decisión política que arrasó con todo y exhibió un sistema jurídico ineficiente, corrupto y partidizado. Y no porque fuese un sistema dividido en los colores partidistas donde unos jueces impolutos estaban en un bando y los corruptos de otro. Gobernadores y políticos emecistas, morenistas, panistas y priistas manipularon y se beneficiaron de jueces deshonestos. Desde la Corte hasta el pequeño juzgado. Un sistema manipulable y en los últimos años deliberadamente metido en un conflicto político. Tan maleable que los narcos gozaban de sus despachos y jueces preferidos.

La chapucería política mexicana parece ajena a los grandes desafíos que tiene el gobierno de la presidenta Sheinbaum. El regateo de las capillas morenistas frente al nepotismo, candidaturas judiciales y reclamos por alejarse del Libro Guinda de Patria o Muerte, son pataletas debajo de la mesa que resuelve los gruesos asuntos con Estados Unidos.

La estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum rubrica semanalmente la dolorosa circunstancia: los criminales dominan alcaldías y territorios, sin distingo de partidos.

Donald Trump podrá decir que gracias a sus presiones se ha puesto orden en México. Habrá quien se lo festeje. Aunque el efecto es volátil. Se han entregado 29 criminales. Palomita. Pero Trump ha pedido narcopolíticos. Y esa lista no está en Almoloya. La saben en Palacio. Para qué quieren tómbolas si el veto de Trump decide.

Podría verse como un acto mayor de injerencismo que desde la Casa Blanca se remodele a la clase política. Podrá verse también como una enorme oportunidad de rehacer un sistema político lubricado con dinero criminal. ¿Entregar a Rocha o a Cabeza de Vaca vale un descuento de 10 por ciento de arancel?

El tema central seguirá siendo la narcopolítica. Un afluente de la impunidad provenía de los juzgados y tribunales. Los nexos de políticos y narcos, pasaban por ahí, por esas sentencias. Para el gobierno se acabó el pretexto: habrá un Poder Judicial nuevo que supuestamente no hará lo mismo que antes.

Los cárteles imponen o vetan candidatos. Las campañas dependen de su dinero y de su control territorial.

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Se abre la oportunidad del aislamiento, de apresurar el corte de los circuitos de financiamiento y connivencia entre políticos, jueces y criminales.

La presidenta Sheinbaum dio el golpe y decidió meterse al callejón con pertrechos. No quiere parecerse a Zelenski. Busca rendijas. Y eso el mundo y el país lo advierten y reconocen.

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