“Si te dicen que no estás anotada, le dices que (la visita conyugal) es pagada”, le instruyó Carlos Alexis Romero a Paula. “Mañana antes de que llegue (sic) iré con el comandante”. La visita no había sido arreglada con algún guardia menor. Más de un mes antes de que ocurriera, la había autorizado el Comité Técnico del Centro de Reinserción Social Dos de Hermosillo. Pero era una visita irregular. Paula y Carlos Alexis no estaban casados, y el horario que aprobó el Comité, de lunes a domingo, de 4 de la tarde a 6 de la mañana, era mucho más amplio que el que tienen para visitas conyugales.

A pesar de que habían discutido, me dijo Arizona que Paula le avisó cuando iba en camino. “Fue la última vez que escuché su voz”, dijo. No volvió a saber de ella hasta la tarde siguiente, cuando las autoridades le avisaron que su hija estaba muerta. La versión oficial es que Paula tuvo dificultad para respirar y las autoridades tardaron casi dos horas en procurarle atención médica. En un hospital cercano, la declararon sin vida.

La autopsia dijo que Paula había muerto, a los 23 años, de un infarto fulminante. Un metaperitaje independiente a las fotos del cuerpo, en cambio, sugiere un asesinato. “No hay forma de que Paula llegara viva al hospital”, me dijo Horacio Valero, el perito que analizó la evidencia del caso a solicitud de la madre. Añadió que, con base en la evidencia que él revisó, a Paula la golpearon, se desmayó y luego la asfixiaron.

La fiscalía, sin embargo, no hizo peritaje de la celda conyugal donde estuvo Paula, entrevistaron a Carlos Alexis solo una vez, no investigaron por qué en el penal no servían las cámaras de seguridad y autorizaron a que Arizona cremara el cuerpo de su hija, aunque fuese parte de una investigación en curso.

Unos días después de la muerte de Paula, Patricia López, la asesora legal de Arizona, solicitó prisión preventiva para el director del penal y varios oficiales. En la audiencia, vio a un abogado que le resultaba conocido. Lucio Alday estaba allí como representante legal de varios imputados por el caso. Él le dijo, afirma López, que estaba allí por encargo de su cliente, Nicollino Cangiamilla.

“Todos (los imputados) están libres, solo dos están vinculados a proceso”, me dijo Arizona. En aquel momento, Cangiamilla dirigía el sistema de penales en Sonora, e instaló de nuevo en su puesto al director del penal.

“Cangiamilla mandó a estos abogados para que cuidaran a los empleados del penal”, me dijo la abogada. Y agregó que, en otra reunión, Alday le repitió que su cliente era Cangiamilla. “(Cangiamilla) les otorgó protección (a los oficiales)”, añadió Arizona. Contacté a Alday, quien negó representar a Cangiamilla y dijo no poder hablar del caso. En el número de Cangiamilla, una voz de hombre me colgó después de que dije que soy periodista.

Ante la presión de Arizona, de López, la prensa y una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la fiscalía local movió el caso, después de un año, a una agencia especializada en homicidio.

Ahora, Arizona batalla porque se hagan nuevos peritajes, mientras Cangiamilla es candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación de Hermosillo, el único en Sonora, en el nuevo Poder Judicial.

Arizona se enteró hace poco. Ahí entendió por qué la foto del hombre “que nunca dio la cara”, de traje y con mirada desafiante, está en grandes anuncios espectaculares en Sonora. “Nicollino se encargó de acomodar todo para proteger al encargado”, me dijo. Hoy, ella teme que el hombre que gobernaba el sistema penal donde su hija murió, impunemente, sea uno de los flamantes nuevos miembros del Poder Judicial mexicano.