Las seis medidas que anunció ayer la presidenta Sheinbaum sobre el tema de las desapariciones no alcanzan para solucionar un drama que trasciende cualquier reforma legislativa o decreto, pero sirve para documentar que Palacio Nacional, por las razones que sean, ha tomado finalmente en serio un tema que estuvo abandonado durante toda la pasada administración.

Las seis acciones pasan por el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, del Centro Nacional de Identificación Humana, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; se enviarán reformas para consolidar al Certificado Único de Registro de Población como única fuente de identidad (¿cuándo tendremos por fin un documento nacional de identidad con todas las características necesarias para ser reconocido como tal?); se creará una Base Nacional Única de Información Forense, la Plataforma Nacional de Identificación Humana; se generará una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país a partir de las denuncias y se equiparará el delito de desaparición al de secuestro.

Está muy bien, pero esto de poco servirá mientras en las entrañas de la administración y el partido en el poder se sigan imponiendo personajes, como el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que declaran como cualquier dictador latinoamericano del pasado que no se sabe de quién es la ropa de Teuchitlán, dando a entender que es un montaje; diciendo que Teuchitlán no es un tema de interés ni de seguridad nacional, lo mismo que muchos corifeos que ahora dicen que las desapariciones son de criminales que son ajusticiados por otros criminales. Como hemos dicho: primero, es falso, y segundo, la obligación del Estado es hacer justicia en todos los casos, más allá de que una persona tenga pendientes con la justicia o no. Todas terminan siendo en este sentido víctimas. Y lo son también sus familias.

Pero más allá de notorias estupideces como los dichos de Fernández Noroña y otros, o incluso de aciertos como los seis puntos anunciados por la Presidenta, lo que me sigue asombrando en la falta de empatía en casi todos los niveles del gobierno y de Morena ante una tragedia, la de las desapariciones, que tendrían que, por lo menos, conmovernos a todos.

No se trata de leyes o decretos, se trata de empatía, de la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y experiencias de otra persona, de la habilidad emocional que permite ponerse en el lugar del otro, de crear un entorno más solidario y comprensivo, incluso con los que son considerados adversarios.

Esa empatía no existe con los familiares de los desaparecidos, porque se cruza con otros sentimientos y exigencia política: la imposibilidad de aceptar que en el sexenio de López Obrador se cometieron graves errores que permitieron en el ámbito de la seguridad, y en muchos otros, que se empoderaran a un nivel inaudito los grupos criminales. Se percibe incluso en el propio caso del predio de Teuchitlán, encontrado en septiembre pasado, pero no exhibido en toda su dimensión, sino hasta ahora y por el trabajo de la organización Guerreros Buscadores de Jalisco. Pero también en una estrategia de seguridad que ha dado un giro de 180 grados mientras en el plano público se sigue defendiendo la de López Obrador, incluso con la molestia presidencial la semana pasada ante las acusaciones surgidas por Teuchitlán.

El tema se complicará en la misma medida en que siga avanzando el sexenio, porque tanto dentro como fuera del país existe una creciente convicción de que se hicieron tan mal las cosas, sobre todo en seguridad, que se raya con la complicidad. No tardará, ya lo está haciendo la administración de Trump, en exigir que se ajusten cuentas con los protectores políticos de los cárteles. Internamente, manifestaciones sociales como las de la Jornada de Vigilia y Luto Nacional sorprendieron porque nunca había habido una reacción ciudadana similar en tantas ciudades en forma simultánea, en parte por la balcanización, impulsada en ocasiones desde el propio gobierno, de las organizaciones de buscadores y buscadoras, y por la más desaprensiva Comisión Nacional de Derechos Humanos de la historia, la que encabeza Rosario Piedra, incapaz de decir una sola palabra sobre esta tragedia (es que para la señora Piedra hay dos tipos de desaparecidos: los que son de su familia y todos los demás).

Ocurre en muchos otros ámbitos: en la economía, la irresponsable política seguida, sobre todo en el último año de gobierno, ha provocado un grave estancamiento económico para el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Banamex estima que el crecimiento será de cero en 2025, pero la OCDE acaba de anunciar que estará peor: estima un crecimiento negativo de 1.3 por ciento para este año y de menos 0.6 por ciento para el próximo. Y eso es herencia directa del anterior presidente.

En las obras de infraestructura el Tren Maya es un lastre que no se terminará de amortizar nunca, la refinería de Dos Bocas sigue siendo un barril sin fondo que no rinde frutos, el Transístmico sigue siendo un gran proyecto en el papel, el AIFA está lejos de alcanzar las cifras que se propuso, las medicinas no terminan de llegar porque nunca se resolvió el problema autocreado el sexenio pasado.

Por eso no puede haber empatía. Porque crear un espacio más solidario y comprensivo con las víctimas implicaría desafanarse, aunque sea un poco, del sentimiento de disciplina absoluta hacia el amado líder, que sigue reclamando desde donde esté disciplina y lealtad absolutas… Y que sigue moviendo sus piezas a partir de su propia agenda personal y familiar.