Conocí los detalles de la propuesta jurídica por una persona que entonces participó en su valoración. El argumento legal decía que, según la Constitución, el Presidente debía preservar la seguridad nacional (art. 89). También se fincaba en el artículo 5o de la Ley de Seguridad Nacional para ahondar en qué eran esas amenazas a la seguridad nacional. En aquel momento, la propuesta incluía que todos los miembros del gabinete, civiles y militares, firmaran juntos la decisión y “trasladaran” al “Z-40” y al “Z-42” a EU, con la venia de Andrés Manuel López Obrador. No sucedió. “Varios no quisieron firmar, y no hubo apoyo del Presidente”, me dijo la fuente, entonces alto funcionario.

Ahora, las cosas cambiaron. Esta semana, en plenas negociaciones con EU para aplazar la amenaza de aranceles a productos mexicanos, el gobierno de Trump le dio a México una lista de los traficantes que querían en EU. Pasaron solo unas horas antes de que se reuniera el gabinete de seguridad. Y cuando el gabinete se reunió, desempolvaron aquella propuesta jurídica de 2023.

“Fue una decisión colegiada del gabinete de seguridad”, dijo Omar García Harfuch a la prensa. “La Presidenta ahí no tiene nada que ver”. La decisión fue “trasladar” a EU a Rafael Caro Quintero, al “Z-40”, al “Z-42” y a otros 26 traficantes, incluso más de los que EU había pedido. Claudia Sheinbaum, me dijeron otras fuentes, tuvo todo que ver.

El propio Gertz dijo que la decisión se basaba en el art. 89 constitucional, que habla de las facultades de la Presidenta. “La Presidenta tuvo unos tamaños (sic) que no había visto nunca en un Presidente”, me dijo una fuente que conoció cómo ocurrió el traslado. “Ella tomó la decisión final”, me dijo otra fuente. “Dio un paso que otros no se atrevieron a dar y que definitivamente la acerca a ganarse la confianza de Trump”, me dijo otra fuente, con acceso a la Casa Blanca.

En el gabinete de seguridad sabían en 2023 (y saben ahora) que una decisión jurídica en falso, que implique una violación de las garantías constitucionales de los mexicanos, puede acarrear un juicio por traición a la patria. Un jurista me explicó que este argumento de la amenaza a la seguridad nacional no aplica, pues estos criminales ya estaban presos. Pero en México, la oposición no parece dispuesta a reclamar una violación jurídica, si la hubiera. No para defender a un traficante. En EU, la fiscal general declaró que varios detenidos pueden enfrentar pena de muerte o prisión vitalicia, penas que no existen en México. En México, Gertz respondió que el país confía en que EU no impondrá esas sanciones.

Mientras tanto, la mayor incógnita es cómo reaccionarán otros traficantes ante esta nueva era de “traslados, no extradiciones”. Gertz dice que puede haber otros, que este es un signo de los nuevos tiempos. Y esos nuevos tiempos me recuerdan a Colombia en la década de 1980, cuando varios capos crearon la organización terrorista “Los Extraditables”, con el lema: “Preferimos una tumba en Colombia a una prisión en EU”. Allí, esos capos ordenaron miles de actos terroristas, secuestros y asesinatos, tratando de impedir sus extradiciones.

Este viernes, la Casa Blanca informó sobre los traslados, sin agradecer en absoluto a México. El gobierno de Sheinbaum va a necesitar más. Va a necesitar políticos, de su propio partido, no solo narcos, por más famosos que sean. Y eso tiene consecuencias aún más peligrosas.

Ahora, Harfuch declara que una decisión tan peligrosa y polémica se tomó sin la Presidenta, jefa directa de él y de los mandos militares en el gabinete de seguridad. No parece creíble. Lo que parece, en cambio, es que Harfuch intenta proteger el riesgo jurídico y político que ha tomado Sheinbaum, mientras ella continúa acercándose a Trump y alejándose de AMLO, una decisión a la vez.