El Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a cualquier servidor público o institución pública, promover la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial, cuya campaña inicia este martes con más de 3 mil aspirantes.
La medida implica la cancelación de toda la difusión emprendida por la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y funcionarios federales, quienes habían lanzado mensajes explicativos sobre las boletas y el proceso electoral.
La prohibición fue propuesta por el consejero Arturo Castillo y aprobada por 8 votos a favor y 3 en contra en el Consejo General del INE. Según Castillo, la propia reforma que establece esta inédita elección judicial prohíbe el uso de recursos públicos para su promoción, conforme al artículo 134 de la Constitución.
“El INE lo que hace es promover en términos imparciales el proceso electivo que vamos a llevar a cabo, sin ninguna carga a favor o en contra de lo que decidió el legislador”, explicó la consejera Claudia Zavala, quien criticó la difusión oficial por su contenido parcial.
Los únicos que podrán difundir información serán el INE, a través de los tiempos del Estado en radio y televisión, siempre que los tres Poderes de la Unión cedan sus espacios, que en conjunto suman 24 minutos diarios.
Los consejeros que votaron en contra de la medida fueron la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y los consejeros Norma de la Cruz y Jorge Montaño, quienes defendieron que las autoridades pudieran participar en la promoción.
La elección arranca con la participación de 3 mil 422 candidatos que competirán por 881 cargos del Poder Judicial, en un proceso marcado por restricciones legales, falta de financiamiento y acusaciones de inequidad.
Los aspirantes no podrán recibir recursos públicos ni privados, por lo que deberán financiar sus campañas con recursos propios. “Lo único que se va a generar es una ventaja para las candidaturas que tengan mayor capacidad económica”, advirtió la magistrada Janine Otálora.
Especialistas, como Arturo Espinosa Silis, alertaron sobre un “exceso de restricciones” que podría afectar la legitimidad del proceso y abrir la puerta al financiamiento mediante “padrinos” o apoyos no regulados.
