DE NO CREERSE lo que aconteció en el ya muy conocido juicio entablado por Rafael Zaga en contra de Actinver, que resultó en una condena para la institución que comanda Héctor Madero por más de mil millones de pesos.
Recordará que Actinver, vía el ex ministro Eduardo Medina Mora, logró bloquear en su momento la decisión del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil de la CDMX, integrado en ese entonces por los magistrados Verónica Ávalos Díaz, Cecilia Armengol Alonso y Víctor Francisco Mota Cienfuegos, que ya habían dado la razón a Zaga.
En sesión pública, salvo la magistrada Armengol, persona cercanísima al ministro Alfredo Gutierrez Ortíz-Mena, al haber sido su proyectista, determinaron que Actinver había incurrido en responsabilidad civil, por haber interferido en un litigio entablado por un fideicomiso donde Zaga era fideicomisario (beneficiario), a fin de favorecer los intereses de la familia El-Mann quienes tienen estrecha relación con Actinver, al ser dicha institución la fiduciaria de Fibra Uno.
Cuando ya estaba decantado el resultado, Actinver presentó simultáneamente impedimentos, denuncias penales en contra de los magistrados que votaron en contra así como la solicitud de atracción a la Corte.
Una vez en el máximo tribunal, como le he informado en este espacio, el asunto se pospuso en un par de ocasiones, resultando la última sesión en empate, ante la ausencia del ministro Jorge Mario Pardo.
Pues la novedad es que el expediente tampoco se pudo resolver ayer miércoles pues, nuevamente, Actinver bloqueó la decisión del caso y ahora presentó impedimentos en contra de los ministros que se habían decantado en su contra, es decir, los ministros Juan Luis González Alcántara, Loreta Ortíz así como en contra del propio ministro Pardo que ni siquiera se había pronunciado.
Los impedimentos han sido una práctica que ha minado el funcionamiento del alto tribunal, con la especial circunstancia de que los promovidos por Actinver se le turnaron a la ministra Lenia Batres, quien públicamente ha condenado estas prácticas dilatorias o “chicanas” que han desprestigiado al Poder Judicial al grado de tener que reconfigurarlo mediante una reforma de todos conocida.
Llama más la atención que habiendo sido Actinver quien pidió que el asunto fuera atraído por la Corte, ahora no quiera que ésta lo resuelva.
Pareciera que Actinver sólo acepta la competencia de los tribunales si estos les dan la razón y, peor aún, que incurra en prácticas que son consideradas hasta delictivas para evitar una decisión judicial.
COMO SI NO fueran pocos los retos que enfrenta el subsecretario de Salud, Eduardo Clark. A los proveedores beneficiados con asignaciones directas pero que no surten los medicamentos, y a los que desplazan la demanda de claves hacia otras más costosas, se suma ahora un problema más para el funcionario. Resulta que si no les pagan lo que les deben, los laboratorios recientemente fincados en la compra consolidada no van a firmar los contratos de las de por sí pocas claves que logró sacar Birmex, que dirige Iván de Jesus Olmos. Son poco más de ocho mil millones de pesos lo que les deben, mayormente del desaparecido Insabi, cuando lo encabezó Juan Ferrer, deuda heredada al IMSS-Bienestar que comanda Alejandro Svarch. Un año después de confirmarse la incompetencia de Birmex y en medio de múltiples irregularidades en los procesos ejecutados por su directora de Administración y Finanzas, Emma Luz López, las cuales han causado malestar en la industria farmacéutica, el lunes pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada del director del IMSS, Zoé Robledo, anunció que se harán asignaciones directas, fuera del proceso licitatorio, para asegurar la disponibilidad de medicinas e insumos.
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS Falcon, en alianza con Arquina, se perfila para ganar la licitación del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que dirige Ignacio Salgado, para proveer el servicio integral de laboratorio clínico por un monto mensual de, al menos, 24.5 millones de pesos. El consorcio pretende colocar equipos de origen chino de la marca Mindray para la realización de estudios de coagulación, urianálisis, inmunología y hematología. Según se lee en los documentos del proceso que lleva el Coordinador de Administración y Finanzas, Alfonso Rodríguez, más de 60 de los instrumentos que utiliza diariamente ese organismo requieren ser sustituidos. Arquina ha sido vinculada con anterioridad al empresario José Hendy Chayo, quien también ha representado a la firma Disequi, la cual generó controversia por ocupar refrigeradores de carnicería para enfriar muestras de sangre en el sistema de salud de Veracruz en 2019, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
LA COMUNIDAD EMPRESARIAL de Japón tiene mucho arraigo en Guanajuato por las inversiones que ha destinado a la entidad, principalmente en el sector automotriz. Cada año, en febrero, celebran el cumpleaños del emperador Naruhito con la presencia de los hombres de negocios nipones más importantes, cuyas empresas tienen plantas en el país, y las principales autoridades del estado. Pero este año hubo una sorpresa: la gobernadora Libia Dennise García no asistió al evento político empresarial. El desaire se da al mismo tiempo que Donald Trump amenaza con sus aranceles y firmas como Honda, que dirige Yuichi Murata, han dicho que relocalizarán producción en Estados Unidos. El primer extrañado fue el cónsul de Japón en León, Takero Aoyama, que expresó la falta de tacto diplomático. Y es que la gobernadora prefirió ir a la CDMX a promover el Festival Cervantino 2025.
RESULTA QUE EL delegado de la Profeco en Cancún, Israel Francisco Malacón Osuna, ya se hizo una famita de pedirle dinero a las y los prestadores de servicios de ese punto turístico a cambio de no cerrarles sus establecimientos. Y cual reina de belleza, anda en plena pasarela con pequeños y medianos empresarios, a quienes azuza con cerrarles el changarro si no acceden a sus pretensiones económicas. Una llamada de atención a la oficina federal que capitanea Iván Escalante, para que atienda la solicitud de auxilio de quienes ofrecen servicios en esa ciudad, a fin de que no sean presa de los abusos de este pseudo servidor público.
LA NOVEDAD ES que la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, a cargo de Lilián Aurora Pérez, levantó la suspensión de la entidad de acreditación Mexicana de Acreditación (MAAC). La empresa que encabeza Enrique Zavala cumplió con sus obligaciones, derivadas de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Los organismos de evaluación de la conformidad que requieran realizar el proceso de acreditación con MAAC, esto es inicial, seguimiento, ampliaciones, actualizaciones o venta de hologramas, podrán acudir nuevamente a solicitar sus servicios.
