En escuelas públicas de Cuajimalpa, maestros y padres de familia afirman sentirse absolutamente rebasados. La venta de estupefacientes a plena luz del día en zonas escolares, la ola creciente de violencia que sucede en la calles, la presencia constante de células de los grandes grupos criminales que operan desde la alcaldía e instalan en esta sus casas de seguridad –La Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación—, así como las actividades de bandas locales dedicadas al narcomenudeo, el secuestro y la extorsión, como las desprendidas de las organizaciones de Juan Balta y Lenin Canchola, mantienen en riesgo constante a niñas, niños y adolescentes.
Se han detectado casos de adicciones que se disparan desde los diez años de edad. Formas nuevas de violencia, incluida la digital, destruyen la vida de las infancias.
No se ha medido aún el impacto, la herida interna que tres lustros de violencia sostenida, y los fracasos continuados de los últimos sexenios en materia de seguridad, han dejado en la niñez de México.
En todos los rincones del país se dibuja de manera brutal el patrón que enmarca la nueva vida de los niños: además de la permanente exposición a las imágenes de la violencia (cuerpos tirados en la calle, cabezas humanas dentro de hieleras, noticias de masacres, persecuciones, balaceras, enfrentamientos, lo que se quiera), todos ellos conviven con miles de casos de niñas, niños, adolescentes, amigos, compañeros desaparecidos, asesinados, violados, reclutados por el crimen: convertidos en punteros, halcones, narcos, sicarios.
Los hechos que se denuncian en primarias y secundarias de Cuajimalpa son apenas el botón de muestra de una realidad negada.
Desde hace más de 15 años diversas organizaciones han denunciado y documentado el reclutamiento forzado de niños y personas jóvenes en México. La Corte Penal Internacional considera dicho reclutamiento, por parte de grupos armados, como un crimen de guerra.
En 2011 el Comité de Derechos del Niño exigió que el reclutamiento forzado de menores de edad fuera tipificado como un delito y se garantizara que las víctimas de estos actos fueran reconocidas y protegidas. El CDN recomendó la creación de programas de desvinculación y la puesta en marcha de acciones preventivas en escuelas y municipios del país.
Dichas recomendaciones fueron ratificadas por la ONU y la CIDH en 2015, 2016 y 2020.
Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, con más de 30 años de trabajo en organizaciones sociales de derechos humanos de niñas, niños y personas jóvenes, ha denunciado que el Estado mexicano tiene más de 20 incumpliendo dichas recomendaciones.
En 2010, como director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez denunciaba que en el país “existe un clima de violencia generalizada donde balas perdidas, fuego cruzado en zonas cercanas a escuelas, ataques directos, masacres juveniles, etc., hacen que la paz y la tranquilidad necesaria para el desarrollo adecuado de niños y niñas se vea afectada”.
Había comenzado la era del reclutamiento forzado de menores y se comenzaba a hablar de “niños sicarios”. Todos estos años después, afirma Pérez, “las omisiones de las autoridades mexicanas han seguido alimentando y perpetuando este crimen”.
La negación gubernamental es constante. Nadie atiende una realidad que se expresa día con día en medios impresos y electrónicos de todo el país y que convierte a los niños, simultáneamente, en perpetradores y víctimas: ayer, en este espacio, hice referencia a un documento de la Secretaría de Gobernación que reconoce 18 estados de México como sitios donde ellos corren el riesgo de ser reclutados por el crimen, y en cuyos primeros lugares se encuentran Baja California, Colima, Chihuahua, la Ciudad de México y el Edomex.
A pesar de haber firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, el reclutamiento forzado no es castigado en México: ni siquiera ha sido tipificado.
El saldo es devastador: Tejiendo Redes Infancia considera que entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento para ser usados en un amplio abanico de actividades de explotación criminal.
No hay castigo para los responsables. Tampoco, un marco para la protección y rehabilitación de las víctimas.
