En este país siempre sucederá algo peor. La frase encontró una nueva confirmación el domingo pasado. Nueve cuerpos desmembrados fueron hallados por la Guardia Nacional dentro de un Vento abandonado en San José Mihuatlán, en los límites de Puebla y Oaxaca. De ese modo comenzó a desenvolverse otra historia oscura.

En los asientos del auto se hallaban amontonados la mayor parte de los cuerpos. Correspondían a jóvenes de entre 19 y 29 años de edad. A un lado de los cadáveres habían dejado una bolsa que contenía las manos cercenadas de ocho de ellos; en la cajuela del auto aparecieron dos cuerpos más, así como otro par de manos.

Todas las víctimas tenían huellas de tortura. A algunas les habían dado el tiro de gracia. Se trataba de cinco hombres y cuatro mujeres.

Fue el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, quien ligó el hallazgo de los cuerpos con el reporte de desaparición de un grupo de jóvenes oriundos de Tlaxcala que habían viajado a la costa de Oaxaca, concretamente a Santa María Huatulco, y cuyo rastro estaba perdido desde el pasado 23 de febrero.

El mismo día en que los cuerpos fueron hallados, se registró la ejecución de José Alfredo Lavariega Canseco, alias Jocha, excandidato a alcalde por el PES y propietario de un pequeño hotel en Huatulco: precisamente, el Hospedaje Jocha.

Lavariega fue asesinado a bordo de su auto, en la Barra de Copalita, en San Miguel del Puerto, Pochutla. Le dejaron a un lado una cartulina que lo involucraba en hechos delictivos.

Según la investigación, los jóvenes asesinados y desmembrados tenían una relación de amistad con Lavariega y estaban hospedados en su hotel.

Una joven de 19 años que horas más tarde fue hallada en Puebla, sostuvo que fue privada de la libertad, al lado de una compañera, precisamente al salir del Hospedaje Jocha. Según su testimonio, los tripulantes de una patrulla de la policía municipal las “levantaron” y las encapucharon. A diferencia de las otras víctimas, la joven fue abandonada en una carretera.

Existe la versión de que los jóvenes tlaxcaltecas fueron invitados a Huatulco para trabajar al lado de Lavariega Canseco: formaban parte de un grupo de WhatsApp denominado “Zacapuaxtlas”. En redes sociales se han difundido supuestas conversaciones en las que los integrantes del grupo se avisaron que algo estaba ocurriendo.

Una fuente de seguridad indica que Lavariega estaba involucrado en fraudes relacionados, entre otras cosas, con la venta de paquetes turísticos.

Desde el primer momento, llamó la atención de expertos en seguridad el detalle de las manos cercenadas. El castigo clásico del crimen organizado a quien tomó algo que no le pertenecía.

Además del testimonio que involucra a la policía municipal de Huatulco, está el hecho de que el automóvil en el que los nueve cuerpos fueron encontrados tuvo que realizar un viaje de casi más de 450 kilómetros para llegar a San José Miahuatlán, en las inmediaciones de Tehuacán, Puebla.

Un viaje de por lo menos siete horas, atravesando casetas, retenes y puestos de la Guardia Nacional.

El viaje de un auto repleto de cuerpos cercenados da idea del grado de impunidad que hoy se vive en Oaxaca, un estado en el que grandes extensiones han sido tomadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación, y que se halla sacudido por la pugna de este grupo criminal tanto con el Cártel de Sinaloa como con células del Cártel de Caborca, que opera desde la costa de Guerrero.

Desde la mitad del sexenio pasado, el grupo de Jalisco se lanzó a conquistar los municipios oaxaqueños en donde se construye el Tren Transístmico, una de las obras emblemáticas del gobierno de AMLO. El secretario de seguridad del estado Iván García Álvarez atribuyó el interés de este grupo criminal en la actividad económica que la obra estaba detonando en la región y en la posibilidad de controlar la millonaria venta de materiales necesarios para su construcción. No solo eso: en los cálculos del CJNG figuraba también la posibilidad de controlar el Corredor Interoceánico, una ruta privilegiada que conecta el Pacífico con el Atlántico.

Para lograrlo, debían desterrar al Cártel de Sinaloa. El problema es que, según reportes de la Sedena, Sinaloa había entrado a Oaxaca de la mano del gobernador morenista Salomón Jara.

Hoy el estado está dividido por el choque entre estos dos grupos. Pero el Cártel Jalisco domina la costa oaxaqueña: hace un año, el gobierno federal presumió el decomiso de una embarcación con 672 kilos de cocaína propiedad de esta organización, precisamente frente a las playas de Huatulco.

Oaxaca es otro de los estados en los que el crimen organizado se metió hasta la cocina. El terrible espectáculo de los cuerpos de unos jóvenes con las manos cercenadas y su traslado a lo largo de 450 kilómetros de impunidad, explica de la manera más gráfica posible la tragedia que se vive en el sur de México.