La entrega de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos por parte del gobierno mexicano se realizó sin seguir los procesos de extradición establecidos en la legislación nacional e internacional, lo que representa un hecho sin precedentes, señalaron expertos en seguridad y derecho consultados por Reuters.
De acuerdo con abogados especializados en extradiciones, la acción del gobierno mexicano no puede considerarse una extradición en términos estrictos, ya que se omitieron requisitos legales, como la garantía de que los acusados no enfrentarán la pena de muerte y la existencia de solicitudes formales debidamente sustentadas.
Extradición exprés y presión de Trump
Según Raúl Benítez, especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la entrega masiva de los detenidos fue una medida política para evitar la imposición de aranceles de 25% a productos mexicanos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea aplicar el 4 de marzo.
Los enviados a EE.UU. incluyen figuras clave como:
- Rafael Caro Quintero, señalado como autor intelectual del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.
- Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40” y Óscar Omar Treviño Morales “Z-42”, exlíderes de Los Zetas.
- Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Chapitos y el Cártel del Golfo.
Irregularidades en el proceso
Especialistas en derecho afirman que la entrega de los detenidos violó los procedimientos legales establecidos en México.
- Falta de solicitud formal: En varios casos, EE.UU. no había presentado una petición formal de extradición con pruebas suficientes, como exige la ley mexicana.
- Riesgo de pena de muerte: México no obtuvo garantías de que los extraditados no serán condenados a la pena capital, lo que contradice tratados internacionales firmados por el país.
- Elusión de amparos y defensa legal: Algunos de los extraditados tenían recursos legales en proceso que deberían haber sido resueltos antes de ser enviados a EE.UU.
Respuesta de las autoridades mexicanas
En conferencia de prensa, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, defendió la legalidad del traslado y aseguró que se realizó bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional, en respuesta a una solicitud del gobierno de Trump.
Por su parte, el abogado Juan Manuel Delgado, defensor de los hermanos Treviño Morales, anunció que analizará presentar un recurso legal para impugnar la entrega de sus clientes, al considerar que el procedimiento violó derechos constitucionales.
Impacto en la relación bilateral
Analistas coinciden en que la acción del gobierno mexicano podría mejorar la cooperación con EE.UU., tras años de tensiones con la DEA y otras agencias.
Sin embargo, algunos advierten que Trump podría exigir más medidas contra el narcotráfico, incluyendo la investigación de políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, una propuesta que el mandatario estadounidense ya ha mencionado.
Hasta el momento, Trump no ha dado señales de cancelar los aranceles previstos para el 4 de marzo, por lo que el impacto real de esta entrega masiva aún está por definirse.
