El pasado domingo, en Caborca, Sonora, la entrega de tarjetas del programa de becas “Rita Cetina”, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, terminó en desorganización, molestias y desmayos. Padres de familia esperaron por más de cuatro horas bajo el intenso calor del desierto sonorense, sin sombra ni agua, lo que provocó que varias personas se descompensaran.

A la falta de logística y atención, se sumó un hecho que generó aún más indignación: militantes de Morena aprovecharon la aglomeración para realizar labores de afiliación partidista en plena fila. En un video que circula en redes sociales locales, se observa a una mujer identificada como Esmeralda Gutiérrez, con el característico chaleco guinda del partido, reconociendo que estaba afiliando personas durante el evento gubernamental.

“Yo ando haciendo afiliaciones”, responde la mujer al ser cuestionada por un ciudadano. Ante la pregunta de si no está contra la ley hacer proselitismo en un acto oficial, Esmeralda se justifica: “Pues estoy aquí afuera” y agrega que no obliga a nadie a afiliarse. Al final de la entrevista, admite que no ha logrado afiliar a ninguna persona durante el evento.

Caborca no es cualquier municipio. Ubicado en el noroeste de Sonora, es una de las zonas más golpeadas por la violencia criminal en el país. Su posición estratégica —cercano a la frontera con Arizona y con acceso al Pacífico a través del puerto de Guaymas— lo convierte en un corredor clave para el tráfico de drogas, armas y personas. Actualmente, el municipio es disputado por el Cártel de Caborca —ligado a la red de Rafael Caro Quintero— y facciones del Cártel de Sinaloa, como “Los Chapitos” y “Los Deltas”.

En este contexto de inseguridad crónica, la escena de ciudadanos vulnerables haciendo largas filas sin condiciones mínimas de seguridad ni salud, mientras operadores políticos intentan reclutar militantes, genera aún más preocupación. Periodistas locales han denunciado la falta de protocolos en la entrega de apoyos sociales en zonas de alto riesgo, lo que no solo expone a los beneficiarios, sino que facilita el uso político de estos programas.

Hasta el momento, ni el gobierno federal ni el estatal han emitido una postura oficial sobre los hechos registrados en Caborca. Tampoco hay claridad sobre si la presencia de operadores de Morena durante la entrega de becas será investigada por violaciones a la ley electoral.

En un municipio donde el crimen organizado impone condiciones, el desorden institucional y la mezcla entre programas sociales y agendas partidistas solo abonan al descrédito del Estado. Mientras tanto, las becas llegan tarde y politizadas.