Edgar Veytia, alias “El Diablo”, exfiscal de Nayarit y figura clave en la colusión entre crimen organizado y política en México, ha desaparecido del radar público. Pese a que su liberación estaba programada para este lunes tras cumplir ocho años de condena en Estados Unidos por narcotráfico, su paradero es incierto.
Según fuentes judiciales, Veytia dejó de figurar en los registros del Buró Federal de Prisiones hace un mes, lo que ha desatado especulaciones sobre si fue liberado, trasladado a una ubicación protegida o si aún sigue bajo custodia.
Una pieza clave en los juicios contra narcopolíticos
Detenido en 2017 en San Diego, Veytia se declaró culpable en 2019 y colaboró con el Departamento de Justicia de EE.UU., proporcionando información en juicios clave. Fue testigo en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México condenado a 38 años de prisión, y colaboró con la DEA en la acusación contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aunque este último caso no prosperó.
Su desaparición coincide con el reciente traslado a EE.UU. de Jesús Ricardo Patrón Sánchez, “El H-3”, exlíder del grupo criminal Los Haches, lo que sugiere que Veytia podría ser testigo en su juicio.
Órdenes de captura en México y reclamos de justicia
En México, Veytia enfrenta al menos seis órdenes de aprehensión, según confirmó el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce. La Comisión de la Verdad de Nayarit ha documentado decenas de casos de tortura, secuestro y despojo atribuidos al exfiscal y su red de policías corruptos.
El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y otros exfuncionarios de su administración ya han sido encarcelados por estos crímenes, pero Veytia sigue sin rendir cuentas ante la justicia mexicana.
Posible extradición y una fortuna millonaria
La extradición de Veytia a México no es descartada, pues Estados Unidos ha entregado antes a criminales mexicanos tras cumplir sus condenas, como ocurrió recientemente con Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.
Las víctimas de Veytia exigen que rinda cuentas en México, donde amasó una fortuna estimada en 250 millones de dólares, con propiedades en Nayarit, Guadalajara y San Diego, además de negocios en transporte, grúas y notarías.
Mientras su destino sigue siendo un misterio, las autoridades mexicanas y estadounidenses guardan silencio sobre su paradero, lo que ha avivado el debate sobre los acuerdos entre ambos países en materia de seguridad y justicia.