La operación política de Jesús Ramírez Cuevas en apoyo a la ministra Lenia Batres para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado molestia dentro del propio Palacio Nacional, debido a que el visto bueno presidencial habría sido concedido únicamente para difundir las elecciones judiciales de junio, no para impulsar candidaturas específicas.

De acuerdo con fuentes consultadas, Ramírez Cuevas coordina en la Ciudad de México una mesa de trabajo junto con Diego Hernández, su operador más cercano, y miembros de la familia Batres, como Martí Batres (director del ISSSTE), la diputada Valentina Batres y el legislador Gerardo Villanueva. El grupo promueve una estrategia territorial de difusión con el objetivo de robustecer la campaña interna de Lenia Batres, ministra designada por el presidente López Obrador en 2023.

El problema radica en que las actividades del grupo encabezado por Ramírez se presentan como avaladas por Palacio Nacional, lo que ha provocado inconformidad en sectores que sostienen que el respaldo presidencial solo aplica a la promoción institucional del proceso electoral, y no a una candidatura en particular.

“Hoy todos trabajamos para dar a conocer que el 1 de junio se realizan las primeras elecciones judiciales, pero también hay otros intereses”, afirmó una figura morenista que fue invitada a las reuniones organizadas por el vocero de Presidencia, pero que decidió no participar.

Paralelamente, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, impulsa su propia estructura llamada “Construyendo Justicia”, mediante la cual promueve la candidatura de la ministra Yasmín Esquivel. Esta última cuenta con el respaldo de figuras clave del oficialismo, como el exministro presidente Arturo Zaldívar.

Durante esta semana, ambas estructuras realizaron encuentros en distintos puntos del país. La de Ramírez Cuevas reunió a sectores identificados con la línea más dura del partido, mientras que la de Ramírez Cuéllar contó con la presencia de movimientos sociales, sindicatos, actores vinculados a Marcelo Ebrard e incluso dirigentes de otros estados.

El conflicto interno exhibe la fragmentación del oficialismo de cara a las elecciones judiciales, un proceso inédito impulsado por la llamada “reforma del pueblo” que busca transformar al Poder Judicial mediante el voto ciudadano. La 4T trabaja actualmente para asegurar una amplia participación ciudadana y evitar que el ejercicio sea percibido como una imposición sin respaldo popular.