Ante las amenazas de paro por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Cuarta Transformación dio marcha atrás al incremento gradual en la edad de jubilación del magisterio, previsto en la Ley del ISSSTE de 2010.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este domingo que firmará un decreto para congelar la edad mínima de retiro, dejándola en los 56 años para mujeres y 58 para hombres, tal como se encuentra en 2024. Esto detiene los aumentos programados para los próximos años, que habrían elevado la edad a 59 y 57 en 2026, y a 60 y 58 en 2028.
“Nuestro objetivo es poderla disminuir, pero estamos revisando los montos para poder cumplir. Por lo pronto se va a congelar la edad de jubilación”, declaró la mandataria durante su visita a Bavispe, Sonora, donde cerró su gira de fin de semana.
La presidenta también anunció que el decreto incluirá condonaciones y quitas a deudas impagables en el Fovissste, además de explicar que el Fondo de Pensiones para el Bienestar garantizará que los docentes se jubilen con el 100% de su último salario, si aceptan adherirse a este mecanismo.
“Un maestro con salario de 15 mil pesos que estaría recibiendo solo 3 mil al jubilarse, ahora podrá alcanzar su ingreso completo gracias al Fondo”, argumentó Sheinbaum, en referencia al sistema creado por el expresidente López Obrador en 2024.
Pese al anuncio, la CNTE exigió conocer el contenido del decreto antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En un comunicado, advirtieron que los decretos no deben repetir las inconsistencias de la reforma retirada y rechazaron que se impongan condiciones sin transparencia.
“Los decretos ejecutivos no pueden pedir un cheque en blanco a los trabajadores, con cargo a su patrimonio de vivienda”, señaló la organización sindical.
Además del retroceso en la edad de retiro, el gobierno federal dejará de recibir 11 mil 100 millones de pesos anuales por haber retirado la propuesta de reforma al ISSSTE, que contemplaba modificar las cuotas de salud para empleados con ingresos superiores a 10 UMAs (equivalentes a 34 mil 394.56 pesos mensuales en 2025).
La iniciativa cancelada buscaba que estas cuotas se calcularan sobre el salario integrado y no sobre el sueldo básico, lo que representaría una aportación conjunta adicional de 3 mil 400 millones de pesos por parte de los trabajadores afectados.