La senadora de Morena, Andrea Chávez, ha intensificado su presencia en Chihuahua, estado que renovará su gubernatura en 2027, con una estrategia de alto impacto basada en la operación de unidades médicas móviles que recorren colonias de Ciudad Juárez ofreciendo servicios de salud gratuitos.
Sin embargo, estas unidades pertenecen a FMedical, empresa de Fernando Padilla Farfán, un empresario con estrechos lazos con Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de Morena en el Senado y exsecretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Una campaña costosa con fondos inciertos
De acuerdo con una investigación de Latinus, operar una caravana de salud con las características de las impulsadas por Chávez tiene un costo aproximado de 10 millones de pesos al mes.
Hasta ahora, la legisladora no ha aclarado el origen de los recursos que financian la operación de estas unidades médicas, lo que ha generado cuestionamientos sobre el posible uso de fondos públicos o de contratos gubernamentales para apuntalar su imagen de cara a la sucesión en Chihuahua.
Además de la caravana médica, Chávez ha desplegado una agresiva campaña publicitaria, que incluye anuncios espectaculares y una presencia constante en redes sociales, consolidando así su perfil rumbo a la contienda electoral.
FMedical: el contratista de confianza de Adán Augusto
FMedical ha sido una empresa favorecida con contratos millonarios en diversas entidades gobernadas por Morena, gracias a su relación con Adán Augusto López, quien, durante su gestión como secretario de Gobernación, habría facilitado adjudicaciones para la compañía de Fernando Padilla Farfán.
El uso de estas unidades médicas para promover la imagen de Andrea Chávez en Chihuahua ha levantado sospechas sobre un posible apoyo de estructuras vinculadas a Adán Augusto López, con miras a fortalecer su influencia en el estado.
Sin transparencia en el financiamiento
Hasta el momento, la senadora no ha explicado públicamente quién financia los operativos de FMedical en Ciudad Juárez ni ha detallado si hay acuerdos con instancias gubernamentales.
El despliegue de estas caravanas de salud y el costo millonario de su operación plantean interrogantes sobre si los recursos provienen de contratos estatales, apoyos partidistas o fondos privados, lo que podría representar un uso indebido de recursos en plena construcción de su candidatura.
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