Andrea Chávez cambia versión sobre financiamiento de caravanas médicas en Chihuahua

Primero habló de “donativos” de empresarios; después, de “convenios de colaboración”

La senadora de Morena, Andrea Chávez, ha emitido versiones contradictorias sobre el origen del financiamiento privado para las caravanas médicas que opera en Chihuahua, con un costo estimado de 10 millones de pesos mensuales, y que han sido utilizadas para fortalecer su presencia política en el estado.

El 19 de marzo, tras un reportaje de Latinus que reveló el uso de unidades médicas de la empresa FMedical —propiedad de Fernando Padilla Farfán, amigo y contratista cercano al senador Adán Augusto López Hernández—, Chávez Treviño reconoció conocer al empresario y confirmó que las caravanas se costean con recursos del sector privado.

“Los recursos de las ambulancias vienen de la clase empresarial”, declaró, sin especificar los nombres de los donantes. Añadió que “son muchos, son chihuahuenses, son mexicanos” y calificó a Padilla Farfán como “gran amigo”.

Ese mismo día, en una entrevista radiofónica, afirmó que se trataban de “donativos”, descartando el uso de fondos públicos: “son donativos, nada (de recursos públicos), ni un solo peso”, aseguró.

No obstante, el 26 de marzo cambió su versión y afirmó en otro espacio radiofónico que “son convenios de colaboración con sector privado”, lo que ha generado nuevas dudas sobre la legalidad del esquema de financiamiento.

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos podrían incurrir en cohecho si aceptan donaciones o beneficios indebidos, como servicios gratuitos o aportaciones económicas, con motivo de sus funciones.

Además, legalmente sólo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para firmar convenios de colaboración que impliquen intercambio de servicios o recursos, lo que no aplica en el caso de una senadora en funciones.

El uso de recursos privados, unidades médicas de un proveedor ligado a un operador político de alto nivel y las declaraciones contradictorias de Chávez Treviño han generado cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de la operación de estas caravanas en el estado de Chihuahua.

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