En Palacio Nacional hay dos lecturas sobre la pausa de un mes que Donald Trump concedió antes de imponer aranceles. Una apuesta por la distensión y otra que prevé presiones crecientes desde Washington.
La primera visión, respaldada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, considera que Trump ya logró lo que quería: militarizar la frontera y reforzar su discurso electoral en torno a la seguridad. En este escenario, se espera que el presidente estadounidense desvíe su atención hacia Ucrania, Medio Oriente o su guerra comercial con China, dejando a México en un segundo plano.
Desde esta perspectiva, si el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene el control migratorio y refuerza su lucha contra el narcotráfico con operativos de alto impacto, el mercado y los empresarios presionarán a Trump para evitar una guerra comercial.
Sin embargo, hay otra corriente dentro del gabinete que ve la pausa como el inicio de una escalada de exigencias, especialmente desde el equipo de política exterior encabezado por Marco Rubio, que sigue con especial atención la situación de los cárteles en México.
El riesgo más delicado radica en la posibilidad de que Trump demande una acción ejemplar contra la narcopolítica, es decir, la detención de algún político de Morena vinculado con el crimen organizado.
En este punto, el nombre que más resuena en los pasillos del poder es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Su caída podría satisfacer las exigencias de Washington, pero también abrir una caja de Pandora. Cuando fue senador, Rocha aseguraba ser el vínculo entre López Obrador y ciertos actores del submundo criminal durante la campaña de 2018.
Más aún, su círculo cercano lo conecta con el actual gobierno: su yerno fue uno de los principales aportantes formales a la campaña de Sheinbaum y hoy ocupa un puesto en la Lotería Nacional.
En cualquier caso, hay consenso dentro del equipo presidencial en un punto: México no supo reaccionar a la acusación de Trump sobre la supuesta colusión del gobierno con el narcotráfico. La Casa Blanca no ha rectificado ni moderado el mensaje, y la presidenta Sheinbaum ha evitado confrontar directamente el señalamiento.
La razón es clara: la acusación de Trump toca fibras demasiado sensibles en la política y la seguridad del país. Y con el “Mayo” Zambada colaborando con la justicia estadounidense, el tema no desaparecerá pronto.
