EN EL DEPARTAMENTO de Estado de Estados Unidos ya mapearon que a México le urge una reunión para avanzar en el freno a la venta de armas a los cárteles de la droga y demás grupos delincuenciales.
Es el asunto que más importa al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y que trató en su charla con el Presidente Donald Trump.
Sin embargo, y a juzgar por los hechos, la petición no está transitando.
La comercialización de armas en la Unión Americana es un derecho constitucional: se ampara en la Ley de Armas de Fuego y el freno del tráfico sería responsabilidad exclusiva del gobierno mexicano.
La administración Trump ha sido muy reacia a poner el tema en la mesa: el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ha sido olímpicamente ignorado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
El político de ascendencia cubana solo ha hablado un par de veces con De la Fuente, evitó pisar México en su reciente gira por Centroamérica y hoy está en Europa arreglando la paz entre Rusia y Ucrania.
Los cárteles mexicanos tienen mucho dinero y la política de “abrazos no balazos” de Andrés Manuel López Obrador los creció: de modo que si no compran las armas en Estados Unidos, las traerán de Asia o Europa.
El tráfico de armas es un tema muy cuesta arriba para México por la reticencia de Estados Unidos. Se supone que esta semana viaja a Washington el secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadano, Omar García Harfuch.
El freno a las armerías y su venta a los cárteles es uno de los expedientes que lleva México al encuentro sobre seguridad nacional que lidera García Harfuch. Pero la reunión no está confirmada: Rubio regresa de Europa el fin de semana y, otra vez, se observa el desdén del equipo de Trump.
Lo que sí le interesa a nuestros vecinos es el combate a los cárteles, donde hoy más que nunca los convenios históricos de colaboración de México y Estados Unidos se han intensificado.
El espionaje de Estados Unidos es permanente con drones, aviones, globos y satélites.
Los dichos de los halcones de Trump, como el secretario de la Defensa, Pete Hegset; el zar de la frontera, Tom Homan, o el Consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, son deliberados y propagandísticos.
Las agencias no necesitan colaboración nuestra porque tienen capacidad tecnológica, recursos, autonomía política y sus operaciones son encubiertas por el grado de seguridad nacional que representan.
En la lucha contra el terrorismo, utilizan todos las herramientas tecnológicas que tienen a la mano, su inteligencia militar y los recursos ilimitados de la guerra para ganar, incluido el dinero.
Oficialmente, no se sabe de ataques con drones, misiles o cualquier otro artefacto de combate, pero eso no lo descarta ni quiere decir que no vaya a ocurrir en cualquier momento. Estados Unidos no nos va a avisar.
Máxime, porque los Trumpistas no ven que la 4T ni aprese a un pez gordo ni que se vaya contra las estructuras políticas y financieras de Morena que han permitido el crecimiento de esos grupos.
PUES HAY NOVEDADES en el conflicto legal entre Actinver con Rafael Zaga, derivado de la condena por más de mil millones de pesos que fue impuesta al banco que preside Héctor Madero por haber incumplido su deber de obrar como buen padre de familia en perjuicio de su propio cliente. Después de meses, finalmente la Primera Sala de la Suprema Corte resolverá hoy el asunto. Recordará usted que aquí en este espacio le informé que la solicitud de facultad de atracción intentada por Actinver abruptamente impidió que, en su momento, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil resolviera el asunto en contra del banco, todo ello con la abierta intervención del ministro en retiro Eduardo Medina Mora.
El proyecto, realizado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, propone revocar la condena y absolver a Actinver de la responsabilidad en que incurrió al haber bloqueado, a través de sus delegados fiduciarios, cierto juicio que en su momento inició un fideicomiso de Zaga en contra de Max, Moisés y André El-Mann, estos últimos también consejeros en Actinver.
ES INCOMPRENSIBLE QUE, contrario a los intereses de los maestros, no se concluya aún el acuerdo reparatorio del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (Forte), con Santander y Grupo CGB. De concretarse como se tiene esperado, implicará uno de los mayores acuerdos para la recuperación de activos en México en favor de los maestros de educación pública que forman parte de ese fondo. La mesa está puesta para cerrar el acuerdo, que desde hace algunos meses se negocia. Intervienen la Procuraduría Fiscal, que lleva Grisel Galeano; el Banco Santander, que dirige Felipe García Ascencio, y Grupo CGB, de Antonio Dávila. Sólo falta la autorización del Forte y su comité para la formalización del acuerdo. Vaya grave descuido del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, más metido en la grilla barata de Morena, que por concluirlo de una vez por todas, algo del mayor interés y beneficio de sus agremiados.
EN-TI, EMPRESA MEXICANA especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas, firmó con la cadena de Pasteles Caseros Gaby y la texana Fort Worth Meat Packers, subsidiaria de la Holding Ramos & Land Cattle, un acuerdo para diseñar y llevar a cabo proyectos nearshoring. La empresa dirigida por Oscar Mora planea convertir la cadena, con una antigüedad de 35 años, en un sistema de franquicias y abrir alrededor de 100 unidades en los próximos tres años. Actualmente tiene ocho puntos de venta. El acuerdo con la familia Ramos, sexta generación de ganaderos y principal productor de carne wagyu en Estados Unidos, es modernizar a la compañía utilizando inteligencia artificial y creando una red más eficiente con sus ranchos criadores ubicados en Chihuahua, Nuevo México y Oklahoma. Estos dos acuerdos son el resultado de la alianza entre EN-TI y Alegre & Associates anunciada el año pasado. Su objetivo es ofrecer a las empresas interesadas en el comercio transfronterizo soluciones tecnológicas para optimizar sus procesos y aumentar la competitividad.
PARA LOS GRUPOS delictivos de la CDMX, el despojo se ha convertido en una opción atractiva para consolidar el control de un territorio y, de paso, apropiarse de inmuebles, que pueden ser usados como casas de seguridad, centros de operación y/o puntos de venta de droga. Hablamos de que sólo el año pasado se abrieron 3 mil 643 carpetas de investigación por este delito en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ahora a cargo de Bertha Alcalde, donde no sólo se involucra a grupos criminales, sino también casos entre particulares, como los originados por conflictos familiares.
