En medio de la polémica por la carta enviada por Ismael “El Mayo” Zambada al Gobierno de México, en la que solicita su repatriación y que Estados Unidos no le imponga la pena de muerte, han resurgido declaraciones de sus asesores jurídicos, Juan Pablo Penilla y Sergio Arturo Ramírez Muñoz, quienes en 2022 admitieron públicamente ser “abogados del crimen organizado”.
En una entrevista concedida en junio de 2022 al medio Valores TV, ambos defensores reconocieron su labor en la defensa de narcotraficantes y su papel en la promoción de un “nuevo modelo de justicia”.
“Defendemos narcotraficantes: sí. Defendemos crimen organizado: sí. No defendemos secuestradores, no defendemos extorsionadores”, afirmó Sergio Ramírez durante la conversación con la conductora Laia Fernández.
El abogado agregó que su objetivo era impulsar un sistema legal que permitiera la pacificación del país, alineado con la política de seguridad del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
La figura de Juan Pablo Penilla ha generado controversia en el ámbito político, luego de que tanto morena como la oposición se deslindaran del abogado y se culparan mutuamente por un reconocimiento que recibió en la Cámara de Diputados.
El presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, reveló documentos que señalan a la exdiputada panista Teresa Castell como la promotora del reconocimiento, mientras que el PAN, a través de Jorge Triana, insistió en que todo es una maniobra de Morena para desviar la atención.
Además, Triana sumó al escándalo el nombre de Sergio Arturo Ramírez Muñoz, socio de Penilla y director del despacho que asesora a “El Mayo” Zambada, asegurando que este es militante activo de Morena. Como prueba, compartió una fotografía donde Ramírez aparece junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la entrevista de 2022, Ramírez defendió la necesidad de un nuevo marco legal que permitiera a los líderes del crimen organizado aceptar sus delitos, reparar el daño a las víctimas, recibir sentencia y firmar acuerdos de no repetición.
Por su parte, Penilla explicó que la intención no era negociar con los narcotraficantes, sino convencerlos de someterse a un proceso de justicia.
A la pregunta de si el gabinete de López Obrador estaba conformado por servidores afines a sus ideales, ambos abogados coincidieron en que “las personas allegadas al gobierno eran totalmente afines a él”.
El caso sigue generando polémica, mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum aún no responde a la petición de repatriación de “El Mayo” Zambada, y la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero prepara su postura sobre el tema.