El gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado al Congreso de la Unión una iniciativa para crear un registro de usuarios de líneas telefónicas móviles, con el argumento de fortalecer las investigaciones de seguridad pública.

El plan busca obligar a las compañías de telefonía a registrar a los titulares de cada línea, vinculándolos con su CURP, credencial de elector o pasaporte en el caso de extranjeros. La administración del padrón estaría a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que también tendría la facultad de inhabilitar líneas no registradas en un plazo máximo de dos años.

Un intento que ya fue frenado por la Corte

La propuesta es similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en 2022. En aquel entonces, el Pleno del máximo tribunal, con nueve votos en contra, consideró que la medida representaba una injerencia arbitraria en la privacidad, intimidad y protección de datos personales.

A pesar de este antecedente, la iniciativa de Sheinbaum conserva los mismos puntos clave:

• Registro obligatorio de usuarios con identificación oficial.
• Sanción con suspensión de líneas si no se registran en el plazo estipulado.
• Acceso directo de instituciones de seguridad pública al padrón.

Reacciones y dudas sobre el nuevo intento

El regreso de esta medida despierta preocupación en sectores que ya la habían rechazado en el pasado. Activistas y expertos en derechos digitales han advertido que centralizar información personal en una base de datos gubernamental podría poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos si se filtra o se usa indebidamente.

Por su parte, la iniciativa señala que el acceso de las autoridades al registro será ilimitado para realizar consultas en el ejercicio de sus atribuciones. Sin embargo, no especifica mecanismos de control ni supervisión para evitar abusos.

El debate en el Congreso será clave para definir el futuro del padrón. Si la reforma avanza, podría enfrentar nuevamente un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, lo que reavivaría la controversia sobre los límites entre seguridad y privacidad en México.