Sólo la semana pasada ocurrieron, entre otros, estos hechos:

-Fernando Coria Jiménez fue ejecutado. Se desempeñaba como jefe de escoltas del alcalde de Celaya, Guanajuato.

-Constantino Soriano Mendoza, asesinado. Era regidor de San Miguel Panixtlahuaca, en Oaxaca.

-Tres niños, torturados y asesinados en Guerrero. César tenía 15 años; estudiaba la secundaria en Iguala. Le cortaron las manos y tenía balazos por la espalda. En Chilapa mueren Porfirio, de 12 años, y Mateo, de 14; los casquillos, de rifles R-15 y AK-47.

-En Colima, en una cabalgata en Villa de Álvarez, muere por balazos escolta del hijo de la alcaldesa. Otras personas resultan heridas, entre ellas al menos un menor de edad.

-En la Ciudad de México, en un ataque a un taller mecánico en la colonia Narvarte, fallece una persona.

-En Atizapán, Estado de México, ejecutan a un ciudadano de origen holandés buscado por la justicia internacional.

-El 10 de febrero, familiares de la buscadora Sofía Raygoza acuden a reconocer el cuerpo de quien apareció muerta, con signos de violencia, en un auto en Villanueva, Zacatecas.

Este nada exhaustivo recuento –un puñado de noticias de un país que diario reporta más de 70 asesinatos– choca con la narrativa del nuevo gobierno de la República, que también esta semana presumió una baja de 12 por ciento en los homicidios.

La presidenta Claudia Sheinbaum tratará de imponer una narrativa de que el modelo de seguridad de cuatro ejes por ella impulsado funciona, y que los resultados no sólo están garantizados (ella insiste a menudo en que “va a funcionar”), sino que ya están ocurriendo.

Se trata de un esfuerzo por hacer que el debate público no le desborde, que no se le impongan premisas a su administración, una estrategia mediática por desdentar a sus críticos, por zafarse de la obligación misma de discutir métodos y alcances de su estrategia.

En eso Sheinbaum no es original. Es decir, todo gobierno trata de lograr eso.

La Presidenta llegó a Palacio Nacional presumiendo que como jefa de gobierno había logrado una baja de 50% en los homicidios en la capital. Esa cifra se volvió parte de su marca política, ejemplo de su capacidad, y el artífice de ello es hoy su brazo derecho a nivel federal.

Ese personaje, el secretario Omar García Harfuch, es la cara de lo que podría definirse como un “Blitz” en contra de los criminales. Una guerra relámpago, mitad real, mitad propaganda (esto no dicho como crítica), que ha sido interpretada como el fin de “los abrazos”.

De forma que estaremos en medio de un bombardeo de noticias de detenciones y operativos del gobierno, y de contundentes estadísticas quincenales, con las que Sheinbaum querrá trascender la noción de que México, también con Morena, vive tiempos sangrientos.

Un problema del esfuerzo de la Presidenta es que puede llevar al menos tres cosas contraproducentes, democráticamente hablando:

Primero: que otra gente también quiera presumir su “baja de homicidios”. Como Clara Brugada, que sostuvo que hay un descenso en sus primeros meses cuando en realidad en la capital han subido 5%.

Segundo: un exacerbado ánimo punitivista, más la “prisión preventiva oficiosa” a mano y jueces temerosos por la elección judicial, puede provocar detenciones a mansalva, violaciones a los derechos humanos en aras de que veamos que “están actuando”.

Y tercero: cerrazón. Si la Presidenta cuenta con números que le “dan la razón”, ¿qué tipo de obligación tendrá para hablar de extorsión –sus propias estadísticas hablan de un aumento– o de desaparecidos, la gran agenda ausente desde la administración anterior?

Incluso en el mejor de los casos, una baja en el récord de homicidios no alcanza para decir que se está haciendo justicia… ni siquiera en los asesinatos. Y puede convertirse, malamente, en un elemento que aísle más a toda clase de víctimas del “exitoso” gobierno.