Fueron tres las primeras enseñanzas que el muy controvertido abogado Roy Cohn, mentor político e intelectual de Donald Trump, le inculcó al ahora presidente cuando comenzaba a moverse en círculos empresariales neoyorquinos: “Ataca, ataca, ataca. No admitas nada y niega todo. No importa lo que suceda, reclama la victoria y nunca aceptes la derrota”. Lo hace Trump desde entonces y lo han repetido como karma la mayoría de los políticos populistas de las últimas décadas, replicados por sus seguidores y medios. Y por supuesto lo practicó Andrés Manuel López Obrador y lo hace ahora Morena con los abogados de El Mayo Zambada.
No es discutible que El Mayo, como cualquiera, tiene derecho a tener abogados defensores. Lo que es increíble es que desde todos los niveles del gobierno y de Morena se empeñen en negar la relación partidaria con los abogados Sergio Ramírez, Juan Pablo Penilla y Juan Manuel Delgado, cuando es evidente que esa relación política es estrecha y trasciende las fotos que se han divulgado ampliamente de ellos con todos los personajes centrales de Morena.
Ramírez fue candidato a diputado y un personaje cercanísimo a Ricardo Peralta y de los más cercanos a Martí Batres que le dio esa candidatura; fue presumido por Olga Sánchez Cordero cuando la exministra era secretaria de Gobernación, por asesorarla en procesos de “justicia transicional”; Penilla fue condecorado en las cámaras de diputados y senadores; su despacho es el defensor del Z40 y el Z42 y han logrado que en 12 años no se pueda ejercer la extradición de esos personajes, que comandaron uno de los grupos criminales más violentos de la historia de México, Los Zetas. En una entrevista, Ramírez reconoció que en su despacho: “Nosotros no tenemos ningún temor ni incertidumbre en manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos al crimen organizado? Sí, pero no defendemos secuestradores ni extorsionadores”, como si el crimen organizado no extorsionara y secuestrara. En fin.
Ayer, cuando el fiscal Alejandro Gertz Manero atribuía a los jueces el que no se pudiera extraditar a Los Zetas y otros personajes, tendría que haber recordado que el despacho de Ramírez, Penilla y Delgado tenía un papel primordial en ese proceso.
Creo que el profundo temor a que se involucre a esos abogados con Morena tiene origen precisamente en esas relaciones que se han ido expandiendo desde entonces hasta el día de hoy. La trama comienza en Tamaulipas, con Los Zetas y sus sucesores, el Cártel del Noreste. Allí se consolidan ellos y otros con el control de aduanas durante el primer periodo de López Obrador, cuando Ricardo Peralta era director de Aduanas y se designa a Julio Carmona como el director de la aduana de Reynosa.
Sergio Carmona, hermano de Julio, asesinado en noviembre de 2021, mantenía una operación que, según documentos de inteligencia militar, estaban relacionados con “sobornos a operadores externos; contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar, así como de manipular el Sistema de Parametrización consistente en el reconocimiento aduanero por alertamiento, con el objetivo de extorsionar a agentes aduanales”.
Pocos días después del asesinato de Sergio, su hermano Julio Carmona se entregó a la justicia estadunidense y se acogió al sistema de testigos protegidos. Desde entonces se divulgaron las cuentas secretas de Sergio y muchas otras operaciones y complicidades. Con la información proporcionada por Julio Carmona, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos organizó una investigación internacional que terminó descubriendo una amplia red de cuentas bancarias con más de 60 millones de dólares. La fortuna de los hermanos Carmona, producto del huachicol, según medios estadunidenses que citan fuentes del Tesoro de la Unión Americana, superaría los dos mil millones de dólares.
The Dallas Chronicle publicó muchos de esos documentos, que comprueban que Sergio Carmona tenía cuentas en las Islas Caimán, Países Bajos y las Islas Bermudas. La misma investigación descubrió operaciones con uno de los hijos de Américo Villarreal, Humberto Francisco Villareal Santiago, con una transferencia de más de 20 millones de dólares poco antes de las elecciones de 2021, cuando su padre Américo era delegado en Sinaloa. Ahí comienza la trama que relaciona Tamaulipas y estas operaciones con Sinaloa, donde la expansión del crimen organizado en su relación con el poder político tuvo un crecimiento geométrico desde entonces. El primer secretario de Gobierno de la administración de Rocha Moya fue al ahora senador Enrique Inzunza.
Hace semanas que aquí señalamos que al senador Inzunza Cázarez, los estadunidenses le atribuyen relaciones familiares con uno de los grupos del cártel de Los Chapitos, llamado Fuerzas Especiales Avendaño, encabezado por Martín Gaudencio Avendaño Ojeda. Según estas investigaciones, Claudia Yuridia Meza Avendaño, esposa de Inzunza Cázarez, y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, es familiar en primer grado de Avendaño Ojeada. También tendría una relación familiar con José Ángel Canobbio Inzunza, uno de los criminales más buscados por la justicia estadunidense y detenido la semana pasada por fuerzas del ejército mexicano.
Canobbio Inzunza ha estado relacionado con el Cártel de Sinaloa durante más de dos décadas, de 2002 a 2024. Es uno de los personajes más influyentes en Los Chapitos y de los más violentos. Ayer Omar García Harfuch celebró su captura como una de las principales realizadas en los fuertes operativos que han ido desmantelando la estructura de ese grupo en las últimas semanas. Un gran trabajo en ese sentido. Falta la vertiente política.
