El comunicado de la fiscal general Pamela Bondi es un ejemplo magnífico para la comprensión del momento. Restriega que el hecho de que 29 criminales mexicanos quedaran ayer bajo custodia de Estados Unidos “es consecuencia de que la Casa Blanca negocia desde una posición de fuerza”. Y refrota tres veces que lo ocurrido es ejemplo de lo que viven, y presagio de lo que vivirán los cárteles terroristas internacionales. En el comunicado, México es acaso una diligente oficina administrativa que entregó a Caro Quintero (40 años most wanted de la DEA), ocho zetas, cuatro jaliscos, tres chapitos, tres beltranes, dos mayos, dos golfos, un matazetas, un juarense, un azteca, un familia michoacano, un asesino de un oficial americano. La asombrosa pluralidad vuelve impensable la idea de que el gobierno mexicano sólo haya cooperado subiendo a los aviones a 29 de los más peligrosos prisioneros del país, señalados también de matar aquí a autoridades penitenciarias, aterrorizar a custodios, a sus familiares, a ministerios públicos, peritos, en fin. Si como dice Bondi, esto fue consecuencia de la mano y el bíceps de Trump, el gobierno de Sheinbaum marcó entonces un notable ippon de judo.