La pausa de un mes en los aranceles anunciada por Donald Trump ha desatado un intenso debate dentro del gabinete presidencial. Dos teorías enfrentadas marcan la discusión:
Por un lado, Marcelo Ebrard y otros funcionarios consideran que esta tregua podría extenderse y que el tema de México irá perdiendo relevancia en la agenda de Trump. Argumentan que, con la frontera militarizada y la reducción de migrantes, el magnate redirigirá su atención a otros frentes como Ucrania, Medio Oriente o China. Además, sostienen que si México continúa con operativos selectivos contra el narco y el cabildeo empresarial presiona en Washington, la amenaza de una guerra comercial podría disiparse.
Pero hay otra visión más pesimista dentro del gabinete: la crisis apenas comienza. En esta lectura, el equipo de política exterior de Trump, encabezado por Marco Rubio, no quitará los ojos de México, especialmente en lo que refiere a la presencia del crimen organizado en la política.
El problema más delicado es que Trump quiere una prueba contundente de que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tomando en serio la lucha contra el narco, y para ello buscaría la detención de un político de Morena. Este escenario genera enorme preocupación en Palacio Nacional: si se accede a esa demanda, ¿qué evitaría que Trump lo convierta en una exigencia constante?
Entre las opciones más mencionadas en el gabinete está el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Su nombre genera inquietud dentro del propio oficialismo, donde circulan versiones sobre su presunto papel como intermediario entre López Obrador y ciertos actores del crimen organizado en la campaña de 2018. Sin embargo, entregarlo podría ser un movimiento de alto riesgo, especialmente porque su yerno fue uno de los principales donadores de la campaña de Sheinbaum y actualmente ocupa un cargo en Lotería Nacional.
Más allá de estas discusiones, hay un consenso dentro del círculo cercano a Sheinbaum: el gobierno no supo responder con contundencia a la acusación de la Casa Blanca sobre la presunta colusión con el narco. La presidenta no desmintió directamente a Trump, lo que dejó la declaración circulando con el sello oficial de Washington.
Pero la razón de este silencio es evidente: la afirmación de Trump toca fibras estructurales de la política y la seguridad en México, y en este momento no hay margen para abrir esa caja de Pandora. Especialmente cuando en Washington comienzan a filtrarse las supuestas conversaciones de Ismael “El Mayo” Zambada con el Departamento de Justicia, un tema que podría complicar aún más el escenario para el gobierno mexicano.
Ciudad de México, a 14 de enero de 2025.
A la opinión pública.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
Atentamente
Generación Industrial, S.A. de C.V.
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