AYER ESTABA PROGRAMADA la discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la contradicción de criterios sobre el doble pago del IVA en operaciones de comercio exterior de las maquiladoras.

Pero desde el miércoles por la noche en la instancia que preside Norma Piña ya sabían de la preocupación que había en las filas del SAT, que preside Antonio Martínez Dagnino, porque no tenían los votos.

De ahí que para evitar una resolución adversa, la Secretaría de Hacienda, que comanda Rogelio Ramírez de la O, vía la Procuraduría Fiscal, que capitanea Grisel Galeano, se puso a operar.

Y la estrategia fue acudir a Lenia Batres, la autodenominada “ministra del pueblo”, que como en la víspera dijimos, más bien era la “ministra de Hacienda”, para reventar la sesión de ayer.

Horas antes, Batres Guadarrama pidió a la ministra Yasmín Esquivel, la encargada del proyecto, retirarlo.

No obstante, los diez integrantes del Pleno salieron a la sesión pública de ayer para discutir frente a las cámaras la solicitud presentada de última hora por la ministra Batres.

Y es que sí procede que cualquier ministro solicite que un asunto se aplace, pero las razones que presentó Batres Guadarrama generaron una reveladora discusión que la confrontaron con Esquivel y Loretta Ortiz.

La ministra Batres argumentó que debía retirarse el asunto porque la Corte debe considerar estudios de impacto financiero en caso de declararse que solo se causa un IVA, y no dos como pretende el SAT.

Más aún, planteó que de fijarse esta postura se podría convalidar la defraudación fiscal en gran escala; en su escrito a Esquivel Mossa mencionó el caso de Samsung Electronics, que dirige Young Hyun Jun.

Advierte de un perjuicio que la multinacional coreana puede causarle al fisco por la friolera de 9 mil 184 millones de pesos, pendiente de resolverse en la Segunda Sala, que preside Javier Laynez.

No se dejaron esperar las voces en contra de Lenia, pues la función de la Suprema Corte es determinar la constitucionalidad de las disposiciones y la correcta interpretación de las normas fiscales en este caso.

Lo que planteó la señora Batres equivale a reducir a la Corte a un anexo del Ejecutivo, que decide los asuntos en función del tamaño del interés fiscal y no en función de si un impuesto es legal o no.

A la carga contra Lenia aparecieron los ministros Alberto Pérez Dayán, Laynez, Ortiz Ahlf y la propia ponente, Esquivel Mossa.

Todos dejaron muy claro que rechazan la visión de justicia de barrio de la ministra Batres, y que la Corte resolverá conforme a la Constitución y no en función de cuántos millones quisiera cobrar Hacienda.

El asunto finalmente fue retirado por motivos distintos a la intentona de Batres y Esquivel acordó revisar su proyecto y estudiar distintos comentarios que le han hecho otras ponencias.

Se espera que el nuevo planteamiento sea listado en breve pues, a pesar de que Hacienda preferiría esperar a septiembre para que este tema lo resuelva una nueva Corte “a modo”, se anticipa que las y los ministros no se prestarán a semejante chicana, que además generaría el peor de los precedentes en arbitrajes de inversión para el Estado mexicano.

Apunte, por ejemplo, que la propia ministra Ortiz Ahlf urgió al Pleno a resolver, ya, esta cuestión, así que se espera que la batalla continúe y que el asunto se discuta en las próximas semanas.

EL FENÓMENO CRIMINAL del despojo en la CDMX se convirtió en un negocio lucrativo para algunos grupos delictivos que encontraron en esta actividad grandes ganancias económicas, sobre todo en inmuebles de personas adultas mayores, enfermas o que viven solas. Otras modalidades de ejecución detectadas son la simulación de una compra venta, la usurpación de identidad, la simulación de juicios de fraudes procesales, la falsificación de instrumentos notariales o las inscripciones registrales de legitimidad dudosa, con la debida participación de abogados, notarios y grupos violentos. Ante tal esquema fue necesario que diferentes autoridades, como la Consejería Jurídica, que encabeza Eréndira Cruzvillegas, y el Registro Público de la Propiedad, a cargo de Benita Hernández, lo mismo que el Archivo General de Notarías, el Colegio de Notarios, la Tesorería que maneja Francisco Saldaña, la Oficina de Catastro, el Instituto de Vivienda y desde luego la Fiscalía General de Justicia capitalina, se coordinaran para lograr una reducción en su incidencia delictiva. De acuerdo con las autoridades, la identificación y persecución de los probables responsables es determinante, ya que un reducido número de personas suele estar vinculado a múltiples casos, por lo que su captura genera un impacto significativo en la reducción de este delito. En el periodo de Ernestina Godoy como Fiscal de la ciudad se llevó a cabo la recuperación y aseguramiento de al menos mil inmuebles, principalmente departamentos ubicados en unidades habitacionales. Cifras oficiales refieren que derivado de la estrategia aplicada, el delito de despojo ha mostrado variaciones importantes entre 2019 y 2024, con un pico en 2021 y una tendencia a la baja a partir de 2022.

PEMEX REPORTÓ UN considerable aumento en su deuda con proveedores, que al cierre del cuarto trimestre de 2024 alcanzó los 24 mil 973 millones de dólares, un incremento de 21.68% frente a los 20 mil 524 millones reconocidos en el tercer trimestre, según su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Esto significa que en tan sólo un trimestre, la deuda de la petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla con las compañías que le proveen servicios aumentó 4 mil 449 millones de dólares, o 90 mil 886 millones de pesos, al tipo de cambio actual. El dato es aún más llamativo porque hace apenas 15 días, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la deuda con proveedores era “bastante menor” a los 20 mil 524 millones de dólares mencionados en su momento por la prensa. Sin embargo, la cifra reportada por la empresa nacional a los mercados financieros contradice los datos. La secretaria de Energía, Luz Elena González, aseguró que ya se habían abonado 75 mil millones de pesos a proveedores en las primeras semanas del año. Lo cierto es que los días pasan y la promesa presidencial de liquidar la deuda a contratistas antes de que acabe marzo luce cada vez más lejana. Mientras tanto, la crisis de liquidez en el sector petrolero ya ha derivado en despidos masivos y una caída histórica en la producción de hidrocarburos.