AYER FUE uno de esos días en que la 4T muestra dos caras completamente distintas ante la iniciativa privada. Por un lado, la aplanadora morenista en el Senado aprobó la reforma al Infonavit, y lo hizo ignorando por completo los reparos del sector empresarial y de los trabajadores en contra de la iniciativa.
PERO, POR EL OTRO LADO, en un foro realizado en San Lázaro, la principal asesora empresarial de Claudia Sheinbaum, la jalisciense Altagracia Gómez, tuvo una de las participaciones más aplaudidas, en la que puso por delante a las compañías mexicanas.
EN SU PAPEL de presidenta del Consejo Asesor Empresarial, Gómez abrió de parte del gobierno la puerta a la inversión extranjera directa, pero sobre todo planteó tomar medidas para fomentar la inversión nacional, lo cual incluye, dijo, apoyar a los empresarios más pequeños, sobre todo teniendo enfrente las ocurrencias arancelarias de Donald Trump.
SE ACABARON las dudas: tal y como estaba previsto, Ricardo Villanueva fue convocado por Claudia Sheinbaum para unirse a la Secretaría de Educación Pública como subsecretario de Educación Superior.
AL TODAVÍA RECTOR de la Universidad de Guadalajara lo esperarán a concluir su periodo a finales de marzo, a fin de que arranque con su nuevo encargo en abril.
LA DE AYER fue una sesión fatídica, histórica y melancólica en la Suprema Corte de Justicia, pues el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se aventó una ponencia que no dejó títere con cabeza. En su proyecto de resolución, el ministro explicó con peras y manzanas la crisis constitucional que vive México.
DIJO QUE, en el proceso para sacar la reforma judicial, se quebró el Estado de derecho por todos lados. Tanto por los jueces que intentaron suspender la reforma, como por el Tribunal Electoral que revocó esas suspensiones… ¡sin tener facultades! Y, aún peor, por el lado del Legislativo y el Ejecutivo, porque ignoraron órdenes judiciales nomás porque no les gustaban.
EN LA LÁPIDA de la República se podría inscribir una de las frases del ministro: “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”. RIP.
