Comenzamos a pagar las consecuencias del gobierno más irresponsable que hemos tenido en términos de narcotráfico, seguridad pública y nacional, migración y manejo económico del país. Mientras el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo, celebraba su boda en un gran hotel de Cancún, en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump no sólo cumplía con sus amenazas de colocar aranceles de 25 por ciento a las importaciones mexicanas, sino que lo hacía invocando razones no comerciales: la “intolerable alianza del gobierno mexicano con los cárteles”.
Nadie puede decir que fue tomado por sorpresa: esa “intolerable alianza” representada en la política de abrazos, no balazos, que empoderó a niveles inmanejables a los criminales, que ocasionó 200 mil asesinatos y 60 mil desaparecidos, desde hace años viene siendo invocada de una u otra forma por el gobierno estadunidense desde que comenzó la administración de Biden: lo dijo, primero, el entonces jefe del Comando Norte de la Defensa estadunidense, el general VanHerck, cuando sostuvo que los grupos criminales controlaban 35 por ciento del territorio nacional y fue ignorado; después en el mismo sentido hablaron los jefes de la DEA, del Homeland Security, en el Departamento de Estado, en el FBI, se dijo en la prensa, en el Congreso y en los centros especializados de estudios. Todo fue ignorado.
Hasta que llegó la operación de la detención de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, que fue no sólo un golpe demoledor a los grupos criminales, sino también a quienes los protegían desde el gobierno y a la narrativa de abrazos, no balazos. El presidente López Obrador, en lugar de festejar la caída del capo, acusó a Estados Unidos de haber roto la estabilidad en México, y demandó información sobre lo sucedido, lo que exhibía su falta de control sobre lo que ocurría en su propio país.
Los casos documentados de relación con los cárteles son innumerables, pero los que tienen investigados con claridad en Estados Unidos son los relacionados con el empresario Sergio Carmona, las últimas elecciones en Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa, y a eso hay que sumarle todo lo que estén confesando El Mayo Zambada, Joaquín y Ovidio Guzmán López, entre otros
López Obrador, ordenó abrir la fronteras cuando comenzaba su sexenio y allí comenzaron las caravanas migrantes masivas; lastimó el T-MEC con el tema energético, de transgénicos, agrícola; dejó vulnerables las finanzas nacionales con un desmesurado aumento de la deuda sobre todo en su último año.
La herencia que le dejó a la presidenta Sheinbaum es terrible, pero nada es y será más costoso para el país que esa declaración de que el gobierno mantuvo una “intolerable alianza” con los grupos criminales, grupos que además se convertirán oficialmente en terroristas en unos días y que podrían poner al gobierno como aliado de ese tipo de organizaciones, con costos todavía más altos.
La presidenta Sheinbaum tiene razón cuando recuerda que Estados Unidos no hace ni remotamente todo lo que debería hacer para combatir el narcotráfico y el consumo de drogas en su propio territorio ni tampoco para controlar la venta de armas a los criminales.
A la Presidenta, hasta ahora, en el gobierno estadunidense no la ven involucrada en esos negocios y alianzas. Es más, su propia estrategia de seguridad en la Ciudad de México siempre fue reconocida aquí, pero también al norte de la frontera, como una alternativa a los abrazos, no balazos de López Obrador. Sus principales colaboradores en temas de seguridad: el general Ricardo Trevilla, el secretario Omar García Harfuch y el almirante Raymundo Morales son respetados en los círculos de seguridad estadunidenses. Estuve esta semana en la frontera sur y pude comprobar que la reducción del número de migrantes es una realidad, tanto como la progresiva, lenta, pero constante recuperación del control fronterizo.
La presidenta Sheinbaum tiene en éste y en otros aspectos relacionados con la destructora política de Trump dos opciones: envolverse en la bandera y regresar a los años 60, pagando un costo altísimo, o seguir adelante y redoblar la estrategia de seguridad actual, que terminará dando frutos; dar golpes aún más sonoros a los criminales; terminar de recuperar el control de la frontera sur; acabar con las caravanas migrantes, pero también y sobre todo, exigir a Trump que dé nombres y ofrezca pruebas de quiénes encabezaron esas “intolerables alianzas” con el crimen organizado y comenzar a procesarlos aquí si esas pruebas lo confirman. Y con ello depurar su gobierno y allanar su futuro y el del país.
No se trata de traicionar a nadie, sino de dejar atrás, cuando el mismo es indefendible, al pasado. Se trata de insistir en lo que se ha hecho bien: seguridad y control fronterizo. De aferrarse a los instrumentos que nos ayudan, en primer lugar el T-MEC, si es necesario exigiendo una inmediata renegociación del mismo, no vulnerar la colaboración institucional en seguridad, y en todo con la Unión Americana y Canadá establecer un convenio trilateral de seguridad; no abandonar América del Norte ni, mucho menos, caer en la trampa de aquellos idiotas inútiles de la 4T que ya le están pidiendo irse al grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que son nuestros rivales comerciales y deberían serlo también políticos.
La respuesta osada y que defiende la libertad y soberanía es ésa: mayor justicia, mayor lucha contra los criminales, mayor libertad social, política y económica y acabar con cualquier complicidad con los grupos criminales.
