El fraude digital en México no es solo un problema: es un modus operandi perfectamente tolerado. Páginas que imitan sitios oficiales del gobierno despluman a ciudadanos desprevenidos, y mientras las víctimas se lamentan, las autoridades bostezan.
Nada nuevo bajo el sol. Lo que sí sorprende es la descarada pasividad oficial. La negligencia ya no es un descuido, es un patrón.
¿Desidia, incompetencia o algo peor?
Expertos en ciberseguridad advierten que los delincuentes pagan para promocionar sus sitios de gobierno apócrifos con anuncios fraudulentos en Google, que imitan a sitios del SAT y la SRE. Se han reportado y denunciado, pero ahí siguen, floreciendo como negocio legítimo.
¿Google qué hace? Nada. ¿El gobierno? Tampoco.
Y la historia no termina ahí.
Un usuario en redes descubrió una página falsa que pedía depósitos a una cuenta CLABE fraudulenta para tramitar el pasaporte. Avisó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Policía Cibernética. ¿Su respuesta? “Si fue víctima, denuncie”.
De risa.
No investigan, no previenen, no eliminan la amenaza. Lo único que hacen es recordarle a la víctima que ya perdió su dinero.
Mientras tanto, el fraude cibernético en México es rey. Según el INEGI, el 90% de los delitos digitales son fraudes. En 2023, la policía cibernética atendió más de 133 mil reportes, y aun así la respuesta sigue siendo la misma: “denuncie”.
No hay operativos. No hay rastreo. No hay detenidos.
Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿por qué no hacen nada? La tecnología existe. Las herramientas para ubicar a los estafadores también. Entonces, ¿qué lo impide? La sospecha es inevitable: alguien, en algún rincón de la burocracia, se está beneficiando de esta inacción.
También existen enormes bases de datos, básicamente archivos tipo Excel repletos con cientos de miles de datos personales. En muchos de ellos, seguro aparecen nuestros nombres, direcciones y otros datos sensibles. Estas bases, ya sea robadas o filtradas por empleados indiscretos, terminan en manos del crimen organizado.
En México, se compran, se venden y se usan para rastrear enemigos. Luego, llegan a los estafadores, que con tu información en la mano, te llaman o escriben con alguna historia aterradora para sacarte dinero.
¿Quién nos protege? Nadie. El INAI desapareció y ahora debemos confiar en el Gobierno para cuidar nuestros datos. Qué gran chiste.
Si no hay voluntad para detener el problema, tal vez es porque el problema deja ganancias.
Mientras los ciudadanos caen en estas trampas, los legisladores ni siquiera han intentado actualizar las leyes para combatir estos delitos. Ni campañas de prevención, ni endurecimiento de penas, ni nada. Es como si, en su mundo, los fraudes digitales no existieran. O peor aún, como si fueran un mal necesario que nadie quiere tocar.
Eso sí, para periodistas y opositores no faltan los recursos ni la tecnología de punta para espiarlos. Ahí sí hay eficiencia.
