El Gabinete de Seguridad Federal ha recomendado no solicitar la repatriación de Ismael “El Mayo” Zambada García, ante el riesgo de provocar una crisis diplomática con el gobierno de Donald Trump, quien podría tomar represalias económicas y de seguridad contra México.

Según un reporte oficial al que tuvo acceso El Universal, se sugiere manejar el caso con extrema cautela y evitar un reclamo enérgico, ya que esto podría interpretarse como protección a un líder del narcotráfico. Esto, advierte el documento, afectaría la relación bilateral y podría intensificar los operativos de seguridad de Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa, generando más violencia en territorio mexicano.

Como alternativa, se plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envíe una nota diplomática para solicitar información sobre la captura y el traslado de Zambada a Texas, pero sin adoptar una postura que sugiera respaldo al narcotraficante.

Asimismo, se propone que la Cancillería gestione que no se le aplique la pena de muerte, en congruencia con la postura histórica de México contra la pena capital, pero sin impulsar su retorno al país.

El informe también advierte que la Fiscalía General de la República (FGR) podría investigar si la detención de El Mayo constituyó un delito en México, pero sin politizar el caso ni confrontar directamente a Washington.

El reporte destaca que cualquier intento por frenar el proceso judicial de Zambada en la Corte de Nueva York podría interpretarse como un acto de encubrimiento y derivar en sanciones diplomáticas y económicas, como la imposición de aranceles a productos mexicanos.

También se recomienda que funcionarios del gobierno federal eviten declaraciones que puedan ser percibidas como defensa del capo, y que se mantenga el diálogo con la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia para evitar tensiones.

El documento concluye que el enfoque de México debe ser estrictamente institucional, evitando cualquier señal de apoyo a un criminal y protegiendo la relación con Estados Unidos, que en el actual contexto político podría endurecer su postura en seguridad, exigir más extradiciones y aumentar la presión en el combate al narcotráfico.