Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, exigió al Gobierno de México intervenir para gestionar su repatriación, argumentando que su traslado a territorio estadounidense fue ilegal. A través de un documento entregado al Consulado General de México en Nueva York, el capo advirtió que, si no se actúa en su favor, esto sentaría un peligroso precedente que podría derivar en la detención arbitraria de cualquier ciudadano mexicano, incluyendo políticos y funcionarios.
“Esta exigencia no es opcional”, sentenció Zambada en el escrito al que REFORMA tuvo acceso.
Alega secuestro y exige protección del Estado mexicano
Según su versión, en julio de 2024, fue secuestrado en Culiacán, Sinaloa, por órdenes de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y posteriormente entregado a autoridades de Texas, donde fue detenido y trasladado a Nueva York. Actualmente enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y delincuencia organizada.
Ante esta situación, su abogado Juan Manuel Delgado González aseguró que México tiene la obligación de exigir su repatriación y velar por su derecho a no ser condenado a la pena de muerte, castigo que Zambada considera una violación a los tratados internacionales.
“Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte”, argumentó.
Además, el líder del Cártel de Sinaloa insistió en que la falta de acción del Gobierno mexicano representaría una traición al sistema jurídico nacional y podría derivar en un colapso en la relación bilateral.
Las exigencias de “El Mayo” Zambada al Gobierno mexicano
El documento, firmado por Zambada, establece varias demandas puntuales al Gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellas:
- Presentar una protesta formal ante EE.UU. por la supuesta violación de la soberanía mexicana.
- Exigir la repatriación inmediata, alegando que su traslado fue ilegal.
- Solicitar un informe detallado sobre las circunstancias de su detención y quiénes participaron en su entrega.
- Garantizar que no se le imponga la pena de muerte, al considerarlo un derecho inalienable bajo la legislación mexicana.
“El Estado mexicano debe intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir garantías absolutas de que no se me impondrá ni ejecutará la pena de muerte”, se lee en el escrito.
Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una respuesta oficial sobre la petición del capo, mientras las tensiones con Estados Unidos por el combate al narcotráfico siguen en aumento tras la reciente declaración de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de la administración de Donald Trump.