El correo llegó a miles de organizaciones de la sociedad civil del mundo. Era la segunda semana de la administración Trump. El Departamento de Estado notificaba a las organizaciones que los fondos que recibirían de EU estaban “inmediatamente suspendidos”. Y añadía una advertencia: “tan pronto como reciba esta notificación, el destinatario de este fondo debe parar todo el trabajo en el programa y no incurrir en ningún costo nuevo”.
Los despidos y los cierres de programas han seguido en cascada. EU, informó la ONU, proveía el 47% de la ayuda humanitaria global a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y otros departamentos del gobierno. En México, la decisión de frenar de repente todos los envíos de dinero afecta a organizaciones civiles, pero también al gobierno federal y a gobiernos estatales.
Solo en 2023, USAID y otras 17 agencias y departamentos del gobierno de EU entregaron más de 230 millones de dólares de ayuda a México. Fueron a organizaciones que protegen el medio ambiente, ayudan a migrantes, investigan corrupción. Y fueron al gobierno.
Estas ayudas han permitido acompañar a familiares de desaparecidos en Nuevo León y Tamaulipas. USAID ha financiado parcialmente el Centro Regional de Identificación Humana, en Coahuila. Sus informes dan cuenta de que ayudaron a que las autoridades de Chihuahua identificaran personas fallecidas, se resolvieran casos más rápido en la fiscalía de Sonora y se entrenara a funcionarios de Morelia en un modelo de policía de proximidad. Durante el gobierno de Sheinbaum frente a la Ciudad de México, USAID también ayudó a la Secretaría de Medio Ambiente local a disminuir los contaminantes.
Un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 2024 destacó que USAID colaboró con México para monitorear y evaluar los proyectos Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Otros programas del gobierno de EU han capacitado a jóvenes en prácticas agrícolas y han donado materiales para la agricultura, equipo de oficina y equipo policiaco. Y el Comando Norte, por ejemplo, ha construido escuelas en México.
Ahora, el sorpresivo cierre de estas ayudas afecta programas clave del gobierno mexicano, aunque ese mismo gobierno poco habla de esto. En cambio, suele criticar las ayudas y celebrar el cierre de USAID. Para las organizaciones civiles, el panorama pinta aún peor. “Es una catástrofe”, me dijo una activista. “Esto es un huracán”, me dijo otro.
Y llamarle catástrofe no es un término exagerado. En México, las organizaciones reciben este embate como el más reciente de una serie que ha mermado sustancialmente su financiamiento y su posibilidad real de operar.
En febrero de 2019, el gobierno federal canceló los programas de financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil. En 2021, se disminuyó radicalmente el monto que las personas físicas pueden deducir de impuestos, cuando donan dinero. Y ahora, muchas organizaciones que habían recurrido a la ayuda del gobierno de EU como un modo para seguir trabajando, están cerrando o casi en quiebra.
Ante esta crisis con EU, que en el último medio siglo se había convertido en el gran donador mundial, las organizaciones planean volver a la filantropía local. El riesgo es que algunos temas como seguridad, justicia, corrupción, derechos sexuales y reproductivos no son fáciles de financiar. “Son temas incómodos para el gobierno, y han sido muy claros los mensajes para que la filantropía nacional no los financie”, me dijo otro activista.
En este momento, el sector de las organizaciones civiles está en shock. Como pueden, planean su futuro inmediato, entre el miedo a hablar públicamente y la esperanza de que aún puedan obtener algo de EU. Poco sabemos de cómo el gobierno repondrá los recursos que recibía de estos programas, y cuáles proyectos tendrá que cancelar por falta de dinero.
