VIVIENDO YA HORAS extras como la conocemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de ponerle punto final a un caso que llevaba casi cinco años litigándose discretamente en tribunales.
Se trata de una demanda contra la entonces llamada Caja Libertad, la que fuera de Juan Collado, y que recién perdió su último recurso para esquivar un pago que superaría los 800 millones de pesos.
El problema para esta Sociedad Financiera Popular (Sofipo) sería que al parecer no hizo las reservas técnicas ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, ante la eventualidad de una derrota, como en efecto sucedió.
Todo comenzó cuando el mismo mandamás de la caja, Collado Mocelo, firmó un contrato de prestación de servicios con Roberto Isaac Rodríguez para que dirigiera su Consejo de Administración.
Se trata de un financiero de larga trayectoria que se forjó en el equipo de Carlos Slim Helú en Inbursa, que después pasó a dirigir El Boletazo, y que Collado reclutó para darle mayor credibilidad a la Caja Libertad.
Pero el fichaje empezó a tambalearse prácticamente al mes, pues Collado fue detenido por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusado de lavado de dinero y crimen organizado.
La relación con Issac se rompería al año siguiente, cuando el propio Collado le informó que estaba fuera, con todo y que el contrato tenía una cláusula de los llamados golden parachute.
En esa tesitura, si el ejecutivo era removido antes de cinco años se le debían pagar 36 meses de sueldo y otros varios beneficios y compensaciones, los que Libertad pretendió desconocer por media década.
El pleito legal se convirtió en una odisea: Libertad ganó la primera instancia en un juzgado civil de Querétaro, que señaló que la cláusula de prestaciones de Isaac había prescrito.
La misma resolución fue confirmada después por una sala civil del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, que preside Braulio Guerra, al considerar que el golden parachute provenía de materia laboral y no civil.
Empero, el demandante promovió un amparo ante un Tribunal Colegiado de Distrito, el cual otorgó y concluyó que a pesar que dicha figura tiene su origen en materia laboral, no impedía a Isaac aplicarla.
Libertad se jugó su última carta: un nuevo juicio de amparo y buscar un recurso de revisión en la Corte para alargar el litigio frente a la inminente Reforma Judicial y la recomposición del más alto tribunal del país. Pero la Corte resolvió desechar el recurso el pasado 18 de febrero y, al menos, se agotó esa instancia.
Fuentes de la intermediaria que dirige Silvia Lavalle aseguran que no se tiene cantidad determinada en la condena, es decir: hasta el momento no hay un monto por el cual Libertad haya sido condenado a su pago.
Además, que uno de los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito formuló un voto particular y superó su competencia resolviendo una cláusula que pertenece a otra rama del derecho a la cual no está sujeta su jurisdicción.
Por ello, para Libertad no está dicha la última palabra y afirma que tomará acciones legales adicionales para que se respete el debido proceso en este litigio y su derecho de audiencia.
LA PRESIÓN QUE se cierne sobre la embotelladora de agua Niagara Bottling, que comanda Víctor Palomo, continúa creciendo. Le platiqué que una asociación agraria consiguió un amparo federal para la clausura de la fábrica ubicada en Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México, por haber detectado irregularidades en los procesos de extracción de agua. Sin embargo, recién salieron a la luz documentos que revelan actos de corrupción relacionados con el permiso que funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entonces dirigida por David Korenfeld, otorgaron a Niagara para el embotellado de agua, lo que explicaría cómo a una empresa foránea se le obsequió el nada despreciable volumen de casi tres mil millones de litros de agua al año para su embotellado en una de las zonas de mayor escasez y en detrimento del acceso hídrico para consumo humano de la población. El gremio campesino ya hizo del conocimiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que lleva Raquel Buenrostro, los hechos, por lo que se espera que en las próximas semanas las pesquisas terminen de armar este entramado y evidenciar que la privatización del agua no es ni la solución ni la respuesta, sino el gran problema que aqueja a la Conagua y los escándalos de corrupción en los que continuamente se ve inmiscuida.
ALFARO, DAVILA & Scherer (ADS) ha sido reconocido como el Mejor Banco de Inversión en México por la prestigiosa publicación británica International Banker, destacando su excelencia en fusiones, adquisiciones y reestructuras de deuda. En un entorno desafiante, el bufete que comandan al alimón Isauro Alfaro, Ricardo Dávila y Pedro Scherer ha demostrado un alto compromiso con sus clientes, asesorando en transacciones estratégicas de gran impacto como la reciente venta de PTM, división de plásticos de FEMSA, que preside José Antonio Fernández Carbajal, a AMMI, una filial de Milenio Capital, que dirige Aldo Micheletti. Este premio consolida su posición de ADS como firma de referencia en la banca de inversión en México.
