TAL Y COMO era previsible, el ultimátum de Ismael “El Mayo” Zambada para ser devuelto a México causó todo tipo de reacciones y sobresaltos.
LO QUE MÁS CAUSA inquietud a algunos es descifrar a qué se refiere “El Mayo” cuando habla de que se desatará el colapso si lo dejan refundido en una cárcel de Estados Unidos. Él mismo dice que se dañará la relación bilateral, pero hay otros que suponen que está hablando de temas más profundos.
EN ESE SENTIDO, por ejemplo, el senador panista Marko Cortés se aventó a decir que Zambada debe decir “todo lo que sabe”, especialmente sobre las redes de complicidad entre las autoridades (de todos los niveles y partidos) y los delincuentes.
POR CIERTO que más de uno pensaba que la inclusión del terrorismo como delito grave dentro de la Constitución iba con dedicatoria para los cárteles del narcotráfico. Pero no, no fue así.
LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum aclaró en su mañanera que la medida va más bien encaminada a castigar a agentes extranjeros que operen en México sin permiso.
LA DUDA SURGIÓ porque el texto de la reforma describe que se comete este delito cuando alguien “utilizando armas de fuego (…) realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular”.
Y, PUES, eso es lo que hace tooodos los días el crimen organizado, como con los cuatro descuartizados en Teocaltiche, los ataques con drones en Reynosa, las masacres en Villahermosa, los cobros de piso en Polanco, el impuesto criminal a los aguacateros de Michoacán, los asesinatos en Acapulco y un extenso etcétera que, pese a todo el horror, no es considerado por el gobierno federal como terrorismo.
COMO SUCEDÍA EN LOS VIEJOS, muy viejos tiempos, el arranque de la impresión de boletas electorales estuvo a cargo de la secretaria de Gobernación. Y eso a pesar de que -se supone- el INE, encargado del proceso de la elección judicial en junio, es un organismo autónomo.