En la carta de El Mayo Zambada veo implícita la amenaza de soltarle a los gringos todo lo que sabe, si el gobierno de Claudia Sheinbaum no logra repatriarlo.
“Debe intervenir, a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países”, advierte el narcotraficante, en una carta entregada por su asesor jurídico en el consulado de México en Nueva York.
La dio a conocer el periódico Reforma.
La misiva tiene un sesgo chantajista. El Mayo sostiene que su exigencia “no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”.
Su exigencia la respalda en el hecho de que lo secuestraron en México para ponerlo a disposición de las autoridades de EU de manera ilegal.
Si no respetan sus derechos, advirtió, “políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente a Estados Unidos.
“Esta exigencia –prosiguió– no es opcional ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”.
¿No le suena eso a que está listo para destapar las cañerías políticas si no lo trasladan a México? Es pregunta.
Francamente veo difícil que los gringos lo suelten. Está acusado de homicidio, narcotráfico a gran escala y lavado de dinero.
Es un trofeo para el gobierno de Trump, quien le declaró la guerra a los cárteles de la droga, al clasificarlos como organizaciones terroristas.
Esto último puede implicar, in extremis, intervenciones extraterritoriales.
La fiscalía del caso no descarta sentenciarlo a la pena capital y él lo sabe. Está asustado.
“Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte”, subraya.
* La reacción de la presidenta Sheinbaum se inclinó a favor de que se respeten los “derechos” de El Mayo.
“Más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es un derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá, sin haber seguido el procedimiento”, explicó.
Más adelante se apresuró a aclarar: “Nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho”.
* De la cascada de reacciones que el tema provocó, destaca la de Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados.
Habló sin pelos en la lengua: “El Estado mexicano no puede admitir ningún chantaje, de ninguna persona, y menos de presuntos delincuentes”.
Aunque dijo que, en el caso del combate al crimen transnacional, debemos ser congruentes con la defensa de la legalidad y los derechos de las personas, “sin prejuzgar si han cometido delitos o no”.
No está de acuerdo en que viole la ley o se omita la defensa de ciudadanos mexicanos frente a actos ilegales de otros países, bajo el pretexto de que cometieron delitos.
“Por eso la decisión de la presidenta Sheinbaum, de que se investigue y continúe la investigación la Fiscalía General de la República, debe hacerse”, puntualizó.
* El terrorismo se sumó al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Otra señal a Trump de que se acabaron los abrazos que López Obrador puso de moda.
La Presidenta no engaña a nadie cuando dice que la medida no está relacionada con lo que hicieron Estados Unidos y Canadá: declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.
Se necesita ser ingenuo para creer que fue una casualidad.
* “Ser policía es salir de tu casa y no saber si vas a regresar”, dice la esposa de un policía jubilado a investigadores de Causa en Común, organización ciudadana dedicada, entre otras cosas, a defender a las víctimas.
Ayer dio a conocer un informe sobre asesinatos de policías en México. El título es elocuente: Radiografía de un retraso crónico.
Las cifras son apabullantes:
Del 1 de octubre de 2024 –cuando Sheinbaum asumió la Presidencia– al 20 de febrero de 2025, se han registrado, al menos, 164 asesinatos de policías.
Y en lo que va de 2025, van 70 policías que han corrido la misma suerte. En promedio, uno cada día.
Pero vamos bien, dicen en Palacio Nacional.
