El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que elimina el financiamiento público a los partidos políticos, cumpliendo así con una de las promesas del presidente Nayib Bukele. La medida fue aprobada con 58 votos a favor de los 60 diputados, en un Legislativo dominado por el oficialismo.
La reforma suprime el artículo 210 de la Constitución, que establecía la entrega de recursos públicos a los partidos para garantizar su independencia y libertad. Ahora, la iniciativa pasará al Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Diario Oficial.
Bukele celebró la decisión y defendió que los partidos deben financiarse con recursos privados, como hizo su movimiento en 2019. Sin embargo, sectores de la sociedad civil advirtieron sobre los riesgos de esta eliminación.
El analista Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana, señaló que esta medida podría debilitar el pluralismo político, beneficiando únicamente a partidos con mayor acceso a financiamiento privado. “Deja a los partidos a merced de financistas privados, quienes podrían incidir en sus políticas o exigir favores a cambio”, afirmó.
Por su parte, la abogada y analista Bessy Ríos calificó la reforma como “populismo crudo y duro”, argumentando que no hay un marco legal adecuado para regular el financiamiento privado y evitar conflictos de interés.
Según un informe de Acción Ciudadana, entre 2014 y 2023, los partidos políticos salvadoreños han recibido al menos 160.4 millones de dólares en financiamiento público y privado. De este monto, 75.6 millones provinieron del Estado y 84.7 millones de donaciones privadas.
Mientras el gobierno justifica la reforma como un ahorro para las arcas públicas, la oposición y analistas advierten que esto podría fortalecer un sistema político hegemónico, debilitando la competencia electoral.
