En la vorágine de la administración Trump, en apenas tres semanas de gobierno, muchas decisiones están destinadas, simplemente, a ser usadas como un factor de negociación, otras son determinaciones que están convencidos de implementar, con o sin apoyo de otros países, porque las consideran clave para su seguridad nacional. Los aranceles son de las primeras medidas, la lucha contra el tráfico de fentanilo y los cárteles son de la segunda categoría. Era evidente, aunque aquí no se lo quisiera ver, que los cárteles mexicanos serían considerados organizaciones terroristas y no habría forma de que Trump y su equipo de seguridad, todos sin excepciones partidarios de esa medida, fueran a dar marcha atrás. Al contrario, la designación de los cárteles como grupos terroristas no sólo simplifica la narrativa, tan importante para el trumpismo, sino también lo más significativo: la operación en todos los planos contra esos grupos.

Desde aquí se podrán argumentar muchas cosas, pero lo cierto es que los cien mil muertos al año por sobredosis por fentanilo y otras drogas, y el deterioro que se vive en muchas zonas urbanas por el consumo de drogas es, sencillamente, intolerable para la sociedad y el gobierno estadunidenses. Y es verdad que Estados Unidos tiene que hacer muchísimo más para romper sus propias cadenas de distribución y venta de drogas, pero, en su lógica, ese tráfico está alimentado por los cárteles, sobre todo mexicanos, con un componente que en sus comunidades de inteligencia resulta indiscutible: el fentanilo es promovido e impulsado por China como respuesta a la guerra comercial iniciada en el primer periodo de Trump y continuada por Biden. No es muy distinta, en esa lógica, a la estrategia seguida por China en la guerra de Vietnam, cuando inundó de drogas no sólo a los combatientes en el sudeste asiático, sino también a la sociedad estadunidense. Puede ser una visión sesgada, pero es la que se ha impuesto y, sobre todo en el tema del fentanilo, es muy verosímil.

Es por eso que Trump le encargó al Comando Norte de la Defensa estadunidense que estableciera la estrategia para combatir a los cárteles. El Comando Norte, dentro del que se considera a México y a Canadá, es el encargado de preservar la seguridad nacional de Estados Unidos. El Comando Norte comenzó a manejar el tema del empoderamiento criminal y el tráfico de fentanilo como un desafío a la seguridad nacional, cruzado con la participación china en el tema desde el gobierno de Peña Nieto. Trump le dio toda la responsabilidad.

Ayer, el jefe del Comando Norte, el general Gregory Guillot, aceptó, como parte de sus nuevas responsabilidades, la realización de numerosos vuelos de vigilancia sobre la actividad de los cárteles mexicanos y de otros países, una recopilación de inteligencia que debe ir acompañada de muchos otros instrumentos humanos y tecnológicos, nada como la NSA en ese sentido. El general Guillot dijo, también, algo que ya había reconocido el general Trevilla: que buena parte de esa información se comparte con las fuerzas militares mexicanas y que ambas están cooperando en formación y operación de fuerzas especiales, una cooperación que se ha intensificado a ambos lados de la frontera en los últimos meses.

La designación de los cárteles como terroristas, desde la óptica de Washington, ayuda operativamente en forma notable para atacar el fenómeno desde diferentes ángulos, desde operativos hasta económicos. México nunca ha querido aceptar esa designación, pero, primero, no puede hacer nada para evitarlo y, segundo, es muy difícil resistirse a ello cuando nuestros dos principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, han tomado ese camino. En términos de narrativa, rechazarlo nos pone a la defensiva y fortalece la imagen que hay que romper, y que ya ha sido asumida públicamente por el gobierno de Estados Unidos, de que hay complicidad entre los cárteles de la droga con funcionarios o áreas del gobierno mexicano, una definición que, en términos políticos e institucionales, es mucho más riesgosa para nuestro país que cualquier otra que haya tomado la administración Trump.

En la lógica de la preservación de espacios soberanos, políticos, económicos y de seguridad, la única opción aceptable para la presidenta Sheinbaum es cooperar de lleno con Estados Unidos en el tema, entre otras cosas porque es de nuestro propio interés, adoptando las decisiones que son las mejores para nuestra propia seguridad nacional. Hay que romper los lazos que pudiera haber con China, en varios temas, pero sobre todo en lo concerniente al fentanilo; lo mismo que asumir un control estricto de aduanas y pasos fronterizos y establecer con Estados Unidos protocolos y mecanismos comunes de control para evitar tanto el tráfico de drogas como de armas; aceptar y participar en la realización de operaciones conjuntas de alto calado (lo que no necesariamente implica intervención en territorio mexicano) de las fuerzas de seguridad, sobre todo militares; establecer, más allá de lo militar, un intercambio de inteligencia amplio (que ya comenzó) de la SSC, de García Harfuch, con las agencias civiles estadunidenses, que por orden de la fiscal, Pam Bondi, y del propio Trump, en este tema tendrán que concentrarse en el Homeland Security (aunque, en la dinámica estadunidense, cada agencia goza de relativamente amplia autonomía). Y debe haber respuestas políticas a las acusaciones políticas. Hay personajes y tramas que necesariamente tendrán que ser develados y destruidos. Porque, sin eso, todo lo demás será insuficiente.