El pasado 25 de febrero se cumplieron siete meses del presunto secuestro –o sustracción –del capo Ismael “El Mayo” Zambada, y de su socio, Joaquín Guzmán López, en una finca de Culiacán. Desde el 25 de julio de 2024 a la fecha, tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el de Claudia Sheinbaum han guardado silencio y solapado varias mentiras sobre ese caso, como las que ha dicho el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respecto de sus nexos con el cártel, su presencia en la reunión en la finca Huertos del Pedregal, así como su presunto viaje a Estados Unidos el día del secuestro de Zambada. López Obrador guardó silencio sobre las solicitudes de extradición que se gestionaron durante su gobierno, pues siempre adujo no saber nada respecto de lo ocurrido en Culiacán porque el gobierno de Estados Unidos no le otorgó información al respecto, según argumentó. El dato de las cuatro solicitudes de extradición se dio a conocer el martes 25 –siete meses después de los hechos –en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum por parte del fiscal, Alejandro Gertz Manero: dijo que dichas solicitudes se iniciaron desde el mes de julio de 2024. El entonces presidente cerró su administración aduciendo ignorancia sobre el presunto secuestro de Zambada García. Ahora, el capo le exige al gobierno de México atención consular para ser repatriado a México o, de lo contrario, dice en una misiva reciente, la relación México-Estados Unidos colapsará. En el fondo de este caso está el temor de la clase política –gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y altos funcionarios del gobierno –respecto de la información que Zambada pueda tener sobre ellos, pues no es un secreto que el capo sinaloense financió a muchos para alcanzar posiciones políticas.
La carta suscrita por Ismael “El Mayo” Zambada, en la que exige al gobierno de México su repatriación –o de lo contrario la relación con Estados Unidos colapsará –colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum en una situación más que crítica.
La misiva obligó al fiscal Federal, Alejandro Gertz Manero, a entregar información que ya tenían pero que no habían dado a conocer, como el hecho de que la extradición del capo sinaloense se ha solicitado –sin respuesta por parte de Estados Unidos –en cuatro ocasiones, desde el mes de julio, cuando todavía era presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese entonces, el tema extrañamente se mantuvo el secreto.
El presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada ocurrió en Culiacán, Sinaloa, el 25 de julio; ese día, según afirmó el capo en una primera carta, fue citado en una finca para reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, diputado y exrector de la Universidad de esa entidad y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo.
Según Zambada, en la finca fue maniatado, casi a la par, fue ejecutado el señor Cuén, su amigo; inmediatamente, el jefe del cártel de Sinaloa y su socio, Guzmán López, fueron llevados –presuntamente como parte de un plan maquinado por “El Chapito” y agentes estadunidenses — a una pista clandestina donde, a la fuerza, lo subieron a un avión que lo puso del otro lado de la frontera, en Texas. Ya en la aeronave, Zambada sostiene que fue amarrado al asiento.
Desde ese momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le faltaban poco más de dos meses para dejar el cargo, tuvo conocimiento de que aquello había sido un secuestro, una sustracción de un personaje mexicano ligado a la delincuencia. Por ello, el martes 25 –siete meses después de lo ocurrido –el fiscal Gertz Manero dijo lo que había ocultado: que la FGR ha solicitado la extradición del narcotraficante en cuatro ocasiones, desde el mes de julio, días después de que sucedieron los hechos en la finca de Guzmán López. En los dos meses con cinco días que le restaban al gobierno de López Obrador a partir del 25 de julio de 2024 se hicieron alguna de las cuatro solicitudes de extradición para que el gobierno de Estados Unidos regresara al capo a México. Pero lo curioso de este asunto es que el tema de mantuvo en silencio.
En varias conferencias mañaneras, el entonces mandatario negó saber lo que había ocurrido con Zambada; reiteró una y otra vez que ya habían solicitado información a Estados Unidos, pero dijo que el gobierno de ese país se negaba a entregárselas. Y así se agotó su sexenio.
Lo anterior se contradice con lo que dijo el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien afirmó que el gobierno de México siempre estuvo informado de las acciones estadunidenses con respecto a los miembros del cártel de Sinaloa.
Es más, en un primer informe, el Centro Nacional de Inteligencia expuso en un informe que el caso de “El Mayo” Zambada había sido un secuestro, una captura operada por agentes estadunidenses en territorio mexicano.
Sin embargo, el gobierno de México negó incluso desconocer de dónde había despegado el avión que llevó a Zambada y Guzmán López a territorio estadunidense. Dijeron que ignoraban el nombre del piloto o los pilotos que volaron el avión hasta Texas. Y no sólo eso: sembraron confusión desde las conferencias mañaneras informando, falsamente, que la aeronave había despegado del aeropuerto de Hermosillo, Sonora. También erraron al dar a conocer el nombre de un supuesto piloto –Larry Curtis Parker — que, según datos del Instituto Nacional de Migración, había trasladado a Zambada y Guzmán a Texas.
Este personaje –siempre de acuerdo con la versión oficial –había viajado solo en una avioneta tipo Cessna 205, matrícula N8454Z. El plan de vuelo difundido por el Gobierno Federal indicaba que el hombre referido viajó con dirección al aeropuerto de Santa Teresa, en El Paso, Texas, la misma terminal aérea a la que arribaron –pero en un avión diferente cuya matrícula nunca se difundió –El Mayo y Guzmán López. En resumen, toda aquella información dada a conocer durante el gobierno de López Obrador aumentó la neblina de confusión respecto del caso y el gobierno concluyó el último día de septiembre sin que se dijera algo nuevo. Tampoco se habló de que la FGR ya había solicitado extraditar a “El Mayo” Zambada.
La desinformación continuó. La Fiscalía sinaloense trató de desviar el foco de las investigaciones al crear un montaje para sostener la versión de que Héctor Melesio Cuén no fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal sino en una céntrica gasolinera y como consecuencia de un intento de asalto. La FGR desmintió tal versión por tratarse de un montaje, de acuerdo con sus conclusiones, pues en la finca hallaron huellas de sangre de las personas asesinadas, una de ellas, guardaespaldas de Zambada.
A todo esto se sumó la versión del presunto narcogobernador –presente en la reunión de Huertos del Pedregal, según sostiene Zambada –Rubén Rocha, quien afirmó que el 25 de julio, el día que Zambada y Guzmán fueron sustraídos de territorio mexicano, él viajó a Estados Unidos en una aeronave rentaba o presuntamente prestada por un amigo suyo muy conocido en Sinaloa y a quien han relacionado con Zambada.
Sin embargo, Rocha Moya nunca ha podido acreditar que realmente hizo el viaje que menciona. Y lo que salió a flote fue un dato revelador: que quien realizó aquel viaje fue un personero suyo que se llevó el teléfono del mandatario para que se registraran llamadas internacionales y también para que el equipo fuera ubicado fuera del territorio mexicano. Hasta ahora esa es la única evidencia con la que Rocha Moya sostiene su dicho. Lo extraño es que la FGR no haya investigado si ingresó o no a Estados Unidos. Hasta ahora la Fiscalía ha guardado silencio sobre ese tema.
Las investigaciones de la FGR tampoco no han ofrecido evidencias que impliquen al mandatario sinaloense, quien pese a sus nexos con el cártel de Sinaloa, que él mismo ha reconocido, sigue en el cargo y muy bien respaldado tanto por la presidenta Claudia Sheinbaum como por la plana mayor del partido MORENA. Las indagatorias oficiales han seguido, hasta cierto punto, un camino sesgado para no poner en riesgo al mandatario. Está muy bien protegido.
La carta explosiva
Sin embargo, en una segunda carta –ésta, por cierto, bastante explosiva –Ismael “El Mayo” Zambada solicitó en calidad de urgente la asistencia consular del gobierno de México; exigió, sin mayores explicaciones, ser repatriado a su país, del que fue sustraído ilegalmente –dijo –y que por esa razón puede enfrentar la pena de muerte, pues en Estados Unidos se le acusa de varios delitos relacionados con la delincuencia organizada, entre otros, tráfico de fentanilo.
Entre varios de los puntos que Zambada aborda en esta dura misiva expone que él no se entregó a las autoridades estadunidenses y, peor aún, que a pesar de que su situación no se ha aclarado podría ser sentenciado a la pena capital. Por ello, exige al gobierno de México atender su petición o, de lo contrario, las relaciones entre Estados Unidos y México van a colapsar, sentenció.
Este apretón de tuercas puso a correr al gobierno de Claudia Sheinbaum. Fue entonces cuando el martes 25 el fiscal Alejandro Gertz Manero explicó que la extradición de Ismael “El Mayo” Zambada se ha solicitado hasta en cuatro ocasiones desde el mes de julio, cuando se lo llevaron, y que aún no tienen respuesta del gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, hay una marcada diferencia entre lo que “El Mayo” solicita y las acciones legales del gobierno mexicano. El capo exige repatriación, que el gobierno de Estados Unidos lo envíe a México, algo así como lo que ocurrió con el general Salvador Cienfuegos. Pero el gobierno mexicano ha seguido el cause legal y no el político. Todo indica que “El Mayo” Zambada no regresará nunca a México.
Lo que se impone –y esto es otro punto que se destaca en la carta de Zambada –es una explicación clara de lo que ocurrió el 25 de julio de 2024, pues afirma que este hecho puede volverse a repetir con otro ciudadano mexicano.
El posible retorno de Zambada a México –de darse, lo que se observa muy difícil –no sería para regresarlo a “El Salado”, la que fue su zona de confort en Culiacán, Sinaloa, sino para ingresarlo a una prisión de máxima seguridad.
Los caminos legales que a Zambada le quedan por agotar –a fin de impedir la pena de muerte –es que se declare culpable de todos los delitos que pesan en su contra. Esto conllevaría que le impongan una o dos cadenas perpetuas (Por algo menor fue sentenciado a dos cadenas perpetuas Juan García Ábrego, exjefe del cártel del Golfo) y, a fin de reducir las penas, tendría que soltarle información al gobierno de Estados Unidos.
Esto último, sin duda, es lo que más preocupa al gobierno de Claudia Sheinbaum, pues desde hace varios años tanto la DEA como el FBI indagan los nexos de políticos y empresarios mexicanos con el cártel de Sinaloa, mucho de ellos, por cierto, ligados al partido en el poder. No sólo eso: presuntamente existe una investigación abierta en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador respecto de posibles nexos con ese grupo criminal desde el 2006, pero hasta ahora no han surgido evidencias fehacientes.
También habría datos y evidencias de posibles financiamientos a candidatos de MORENA –y también del PAN y del PRI –desde hace varios años…
En resumen, si “El Mayo” Zambada abre la boca, la clase política actual saldría bastante embarrada. Y ese es precisamente el temor.
APUNTES DEL SUBSUELO
UN TOTAL DE 17 ALCALDES del estado de Morelos son investigados por la Fiscalía General de la República tras descubrirse que mantienen nexos con la delincuencia organizada, en particular, con el cártel de Sinaloa.
El caso salió a flote luego de que se difundió un video en redes sociales en el que aparecen los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan –Jesús Corona Damian y Agustín Toledano Amaro –reunidos con el presunto criminal conocido como “El Barbas” y que, según las autoridades, responde al nombre de Júpiter Araujo Bernard, identificado como operador del cártel de Sinaloa en el norte de ese estado.
En el video –que tiene una duración de cuarenta segundos –también aparecen el secretario de Gobierno de Cuautla, Víctor Márquez Vázquez y Jorge Bazán Reyés, éste último líder de comerciantes coordinador de plazas de abasto. En el video también se observa tanto los funcionarios como el presunto capo están rodeados por sicarios fuertemente armados.
La ligazón de políticos con el crimen no es un tema nuevo, pero el caso devino en escándalo porque hace algunos meses dichos ediles tomaron posesión. Fueron parte de las negociaciones entre el PAN y MORENA a fin de que Margarita González fuera la gobernadora. Sin embargo, en los casos del pasado nada ocurrió. Durante el gobierno de Graco Ramírez, por ejemplo, entre 17 y 18 alcaldes fueron señalados de formar parte de la delincuencia organizada. No pasó nada.
Después, Cuauhtémoc Blanco fue duramente cuestionado tras publicarse una foto con gatilleros del grupo Tlahuica, una célula de sicarios que operan en Cuernavaca y otros municipios. Publicada por “El Sol de México”, la fotografía evidenciaba los vínculos de blanco con el crimen, pero también fue protegido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
La situación de Morelos es tan perturbadora como la del Estado de México. En este último estado se puso en marcha la Operación Enjambre, a fin de desmantelar las redes criminales a las que están ligados cientos de presidentes municipales que llegaron al poder financiados por el crimen que, luego, deben pagarle a sus financieros con impunidad, obra pública, libertad para el cobro de derecho de piso y protección policiaca. Esto explica la explosiva criminalidad que trastoca la vida pública en todo el territorio nacional.
Y pese a las evidencias, no pasa nada.
