En algún momento en las próximas semanas comenzará a circular un libro clasificado por la editorial Penguin Random House en el género de “delincuencia empresarial”, cuyo público objetivo son “jóvenes adultos”. El libro de 288 páginas tiene como eje central a Marcelo Ebrard, y retoma una vieja averiguación previa sobre presuntos actos ilegales en la construcción de la Supervía, una vía de peaje que conecta los suburbios de la Ciudad de México al poniente, y que cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal pudo concluirse tras más de tres décadas de intentos por construirse.

La reseña del libro dice que la obra, impulsada durante el gobierno de Ebrard, estuvo “plagada de irregularidades”, y que cuando el jefe de Gobierno dejó el cargo siete meses después de inaugurada, se la entregó al consorcio OHL-México, que hoy se ha transformado en tres empresas: Aleatica, Atco y Copri. El libro retoma una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue publicada en junio de 2023 por la revista Contralínea, que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el vehículo de su ala radical para golpear adversarios.

El trabajo en Contralínea se publicó en el contexto del arranque de la sucesión presidencial cuando López Obrador dio a conocer sus corcholatas, como peyorativamente llamó a quienes aspiraban a la candidatura, donde desde un principio las dos figuras más fuertes eran Claudia Sheinbaum, a quien construyó por años, y Marcelo Ebrard, quien le cedió la candidatura presidencial en 2012 ante sus amenazas de ruptura, con la promesa de que él sería su sucesor.

La aparición del libro coincide con otro momento estelar de Ebrard, como la figura más importante de la presidenta Sheinbaum en la relación con Estados Unidos.

El expediente que publicó la revista fue integrado en marzo de 2015, por órdenes de Peña Nieto, que estaba sediento de venganza contra Ebrard. Lo señaló, sin prueba alguna, de haber filtrado al equipo de investigación de Carmen Aristegui los detalles de su residencia familiar de siete millones de dólares en Lomas de Chapultepec, que legalmente eran propiedad del Grupo Higa, cuyo presidente, Juan Armando Hinojosa, era muy cercano al expresidente desde que gobernó el Estado de México, donde tuvo contratos millonarios, y quien iba a construir el tren rápido México-Querétaro que finalmente no se hizo.

Aquel trabajo periodístico se le conoce como la “casa blanca” y tuvo un enorme impacto en la opinión pública. Peña Nieto ordenó la investigación al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y se trabajó en la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Alberto Bazbaz y del SAT, que encabezaba Aristóteles Núñez, que construyeron en menos de cinco meses un caso de corrupción y lavado de dinero. Ebrard se convirtió en un perseguido político y, para evitar ir a la cárcel, se fue del país.

Ebrard y toda su familia fueron sometidos a la acción del gobierno peñista. Les congelaron todas sus cuentas y les realizaron 19 auditorías. La investigación consta de 75 tomos y tiene 80 mil fojas. Poco más de un año después de haber sido iniciada, José Guadalupe Medina, fiscal especial para el Combate a la Corrupción en la entonces Procuraduría General de la República, le informó a la entonces titular, Arely Gómez, en 2016, que no había elementos para proceder. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que relevó a Videgaray, le comentó a Peña Nieto que no veía elementos que inculparan a Ebrard. El caso se fue desmoronando y en diciembre de 2017 se decretó el no ejercicio de la acción penal. Ebrard quedó exonerado de cualquier cargo por el mismo gobierno que lo persiguió, que lo único que logró fue que no pudo ser diputado.

Cuando Contralínea preparaba su reportaje, buscaron al abogado de la familia Ebrard, Alejandro Pascal, quien le dijo a su director, Miguel Badillo, que era un caso aclarado y cerrado, ofreciéndole revisar todo el expediente. No lo hizo. La publicación hizo ruido, pero no lo descarriló de la contienda presidencial.

Poco antes, según recuerda el abogado, lo buscó el periodista Daniel Lizárraga, que era el jefe del equipo de investigaciones de Aristegui y editor del reportaje de la “casa blanca”, para decirle que estaba trabajando el caso de la Supervía para un libro, y recibió el mismo ofrecimiento que luego recibió Badillo.

Pascal no volvió a oír nada de Lizárraga hasta hace menos de dos meses, cuando buscó entrevistar a Ebrard. El abogado fue quien le dio una entrevista. Lizárraga y Claudia Solera, coautora del libro, que también ha hecho trabajos de investigación periodística, le pidieron documentos específicos sobre lo que estaban trabajando, pero ya no se volvieron a poner en contacto con él.

Ante la falta de comunicación, Pascal llevó los documentos a la oficina en México de Penguin Random House a entregárselos. Un editor se negó a aceptarlos porque no quiso firmar de recibido, por lo que Pascal llevó una copia a las oficinas de la editorial en Nueva York y envió otra a su cuartel general en Múnich. En Nueva York recibieron los documentos y días después Lizárraga se comunicó con el abogado, quien le entregó lo que había solicitado.

Se desconoce el contenido del libro y qué hallazgos lograron Lizárraga y Solera. Lo que dice la reseña no sugiere ninguno, pero es secundario porque su impacto se inscribirá en el contexto político, como sucedió con el reportaje de Contralínea en el arranque de la sucesión presidencial. La publicación del libro agarrará a Ebrard en el arranque de las negociaciones con la administración Trump, y probablemente será aprovechado por los muchos enemigos que tiene dentro del régimen.

Ebrard, a quien la Presidenta no le tiene mucha confianza, ha ido ganando espacios como un funcionario funcional, y es el secretario mejor calificado del gabinete, lo que le ha ganado odios reciclados en el ala dura del expresidente. El libro dará nuevos motivos para ataques a Ebrard y le quitarán, en muy mal momento, espacios de maniobra necesarios para la negociación en Washington.