Antes de la entrada en vigor del arancel del 25% anunciado por el presidente Donald Trump contra las exportaciones mexicanas, los agricultores del país ya enfrentan otro costo: el “arancel criminal” impuesto por grupos delictivos, que extorsionan y controlan la producción agropecuaria en varias regiones del país.

En Michoacán, grupos como Los Viagras, Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cobran hasta 30 millones de pesos semanales a los productores de limón, mientras que los aguacateros deben pagar hasta 2,500 pesos por hectárea para poder trabajar sus tierras. Si los agricultores se niegan a pagar, enfrentan represalias como incendios en sus plantaciones, robos de maquinaria y bloqueos en carreteras.

Jorge Esteves, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), advirtió que la inseguridad está asfixiando al campo mexicano, mientras que Homero García de la Llata, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, calificó estos cobros ilegales como “un impuesto disfrazado”.

“El campo es especialmente vulnerable a la inseguridad (…) Por favor, no nos dejen morir solos”, pidió Esteves al gobierno federal.

El problema no es exclusivo de Michoacán. En Sinaloa, productores de tomate y maíz en municipios como Culiacán, Ahome y El Fuerte han denunciado que el Cártel de Sinaloa y Los Mazatlecos exigen pagos por el uso del agua en los distritos de riego, aumentando los costos de producción.

“Ellos (criminales) tienen información muy delicada, saben cuánto ganamos y dónde vivimos”, declaró un agricultor sinaloense al diario Reforma.

Según cifras del Banco de México (Banxico), el 84% de las exportaciones agroalimentarias mexicanas tienen como destino Estados Unidos, lo que hace que la inseguridad y los costos adicionales por extorsión representen un doble golpe para los productores: el crimen organizado en México y los aranceles de Trump en EE.UU.

En los primeros meses de 2025, la inflación en el sector agropecuario ha crecido, afectada por la depreciación del peso, el cambio climático y la inseguridad, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Mientras el gobierno mexicano enfrenta las negociaciones comerciales con Washington, los agricultores continúan pagando el precio de operar bajo la presión del crimen organizado.