En su más reciente investigación, la periodista Anabel Hernández reveló que los abogados Juan Pablo Penilla Rodríguez, Juan Manuel Delgado y Sergio Ramírez Muñoz, identificados como parte del equipo legal del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, son considerados por diversas fuentes como personajes altamente peligrosos.
Hernández, quien ha dedicado más de 25 años a investigar los nexos entre el crimen organizado y el poder político en México, señaló que estos abogados no solo han defendido a líderes del narcotráfico, sino que han cruzado la línea roja, convirtiéndose en operadores criminales. Según sus indagaciones, los litigantes están involucrados en una red de sobornos, lavado de dinero y hasta homicidios, lo que ha generado un clima de temor en torno a ellos.
“Hay quienes afirman que son muy peligrosos. Yo lo ignoro, no me consta, pero no hay duda de que señalamientos como estos no se pueden tomar a la ligera”, advirtió la periodista.
La investigación de Hernández indica que estos abogados no solo han trabajado para el Cártel de Sinaloa, sino que mantienen estrechas relaciones con funcionarios del partido Morena, incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la actual mandataria Claudia Sheinbaum. Fotografías y testimonios confirman que se han reunido con altos funcionarios del gobierno, lo que plantea serias dudas sobre la relación entre el crimen organizado y el poder político en México.
Asimismo, Hernández reveló que estos litigantes han sido detectados por la DEA y otras agencias estadounidenses en investigaciones de traslado de dinero ilícito, y han sido señalados por la Secretaría de Marina en México como presuntos autores intelectuales de homicidios de otros abogados ligados al narcotráfico.
A pesar de las crecientes acusaciones, el gobierno de Sheinbaum ha intentado desmarcarse de los abogados, asegurando que no mantiene relación con ellos. Sin embargo, la periodista presentó evidencia de encuentros y vínculos desde el 2018, incluyendo imágenes que los propios abogados han publicado en redes sociales.
Mientras las investigaciones en México y EE.UU. avanzan, la revelación de estos nexos sigue generando controversia y podría intensificar la presión internacional sobre el gobierno mexicano, que ya enfrenta acusaciones por proteger a los cárteles de la droga.