Acusan a diputado morenista de cobrar “moche” en Cancillería; proceso se suspende por fuero

Carlos Candelaria, ahora legislador federal, enfrenta acusaciones de abuso de autoridad por exigir el 10% del salario a subordinados cuando era funcionario de la SRE.

Nacional

El diputado federal de Morena, Carlos Candelaria López, fue vinculado a proceso por presuntamente exigir un “moche” del 10% del salario de dos empleados cuando se desempeñaba como director de Delegaciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sin embargo, su proceso quedó suspendido luego de que asumiera su curul en la Cámara de Diputados el pasado 29 de agosto, obteniendo fuero constitucional.

Acusaciones y modus operandi

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Candelaria y a su subdirectora de Análisis de Proyectos, María Yesenia Velázquez García, de exigir pagos mensuales a sus subordinados Juan José Varela López y Javier Martínez Baltazar, de febrero a octubre de 2019.

Según la investigación, los afectados entregaron 35,755 pesos en 12 pagos, los cuales fueron recabados por Velázquez en nombre de Candelaria. Los depósitos se realizaron en efectivo afuera de la Cancillería o mediante transferencias bancarias.



Testimonio de una de las víctimas:
“Carlos Candelaria me pidió directamente que entregara el 10% de mi sueldo cuando fui nombrado director de Atención Ciudadana. También me lo solicitó su esposa a través de WhatsApp, indicándome que debía reunirme con su secretaria Yesenia Velázquez para entregar el dinero.”

Suspensión del proceso por fuero

El 29 de agosto, la FGR intentó presentar nuevas medidas cautelares contra Candelaria, pero el legislador no se presentó a la audiencia, argumentando “razones laborales”. Un día después, acudió a los tribunales, pero ya contaba con fuero, por lo que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna suspendió el proceso.

La única vía para reanudar el juicio sería que la FGR solicite una declaratoria de procedencia para retirarle el fuero o que concluya su periodo en la Cámara de Diputados.



Mientras tanto, el caso queda en pausa, dejando en la incertidumbre a los denunciantes y generando dudas sobre la rendición de cuentas dentro de la política mexicana.

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