Un juez federal vinculó a proceso a María Angélica Martínez Reyes, ex Administradora de Fiscalización Estratégica 7 del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por presuntamente haber emitido una resolución apócrifa para excluir a la empresa Juni Serra S. de R.L. de C.V., propiedad del panista Ricardo Anaya, de la lista de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOs).
Acusaciones de la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que Martínez Reyes autorizó una resolución falsa en la que determinó que Juni Serra había desvirtuado la sospecha de ser una empresa facturera, cuando en realidad existía otra resolución legítima que establecía lo contrario.
“La imputada decidió autorizar y ordenar la notificación de la resolución apócrifa, beneficiando así a dicha empresa en claro detrimento de los intereses fiscales de la Federación”, señaló la FGR.
Antecedentes del caso
El 21 de febrero de 2018, en plena campaña presidencial, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que investigaba a Anaya por presunto lavado de dinero, derivado de la venta de una nave industrial por 54 millones de pesos a la empresa Manhattan Masterplant Development, propiedad del empresario Manuel Barreiro.
Aunque el caso fue archivado por falta de pruebas, el SAT continuó con un procedimiento fiscal contra Juni Serra para determinar si operaba como una empresa facturera.
Medidas judiciales
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur determinó que la ex funcionaria del SAT deberá enfrentar cargos por delitos contra la administración de justicia y uso de documento público falso.
Además, fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, en la que la FGR y la defensa de Martínez Reyes deberán presentar pruebas antes de que el caso avance a juicio.
Martínez Reyes llevará su proceso en libertad, sin que hasta el momento se le hayan impuesto medidas cautelares adicionales.
