Las reformas a la Ley del Infonavit son el atraco que viene. Le otorgan a ese instituto, por sí mismo o por conducto de su empresa filial, la posibilidad de destinar recursos para inversiones en construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles (artículo 42). Los recursos suman la estratosférica y tentadora suma de 2.4 billones de pesos. Están en la subcuenta de vivienda. Son de los trabajadores.

Manuel Añorve, coordinador de los Senadores del PRI en la Cámara alta, lanzó la voz de alerta sobre estos cambios a la Ley del Infonavit, ya aprobada por el Senado y próximamente debatida y votada en San Lázaro. Nos dice: “El gobierno está quebrado. Está limitadísimo en la aplicación de recursos públicos para 2025. Ésta es una manera tramposa de quedarse con los recursos y utilizarlos para necesidades inmediatas”.

Agrega: “Están creando una empresa para construcción con la opacidad del mundo. Ya desaparecieron al Inai. Quieren esos dos billones y pico de pesos de la subcuenta de vivienda, que es dinero de los trabajadores, para fondearse. Con estas atribuciones que les da la nueva ley pueden disponer de lo que quieran con opacidad”.

Añorve puso en la mira a Octavio Romero, director del Infonavit: “Tronó Pemex. Lo dejó con una deuda enorme a los proveedores y el señor ingeniero es ahora director del Infonavit, cercano al expresidente. Siguen la ruta de la opacidad. Desaparecieron al Inai. Ellos son juez y parte. Ricardo (Monreal) es un parlamentario inteligente. No puede decir lo que sabe”, puntualizó.

* El sospechosismo envuelve a esta reforma aprobada por el Senado, y muy pronto por la Cámara de Diputados. Un documento interno de la bancada del PAN contiene un análisis integral de la ley y sus implicaciones. Destaca aspectos críticos de la reforma como la reconfiguración de los órganos de vigilancia y auditoría del instituto: Comisión de Vigilancia, Comité de Auditoría y Comité de Transparencia.

La reforma rompe con el equilibrio tripartita​: trabajadores, empresarios y gobierno. En los tres tendrá mayoría el gobierno. El documento habla también del debilitamiento de la supervisión financiera independiente. Y es que el artículo 66 elimina las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar el manejo de los recursos, transfiriendo esta responsabilidad a la SHCP.

Hablamos también con la diputada del PAN Cristina Márquez. Coincide con Añorve: “El fondo que tiene la iniciativa es hacerse de la bolsa acumulada que viene de los ahorros de trabajo de familias completas. Estos dos billones de pesos están a disposición discrecional del gobierno para hacer de ese dinero lo que quieran.

“Pueden hacer casas o utilizar los recursos en otro lado”, subrayó.

Sin mucha esperanza espera que a la hora de entrar a la discusión aquí en la Cámara de Diputados se pueda hacer una enmienda que proteja a la institución y el patrimonio de los trabajadores.

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en San Lázaro, sostiene que la reforma al Infonavit “busca proteger los ahorros de los trabajadores, garantizar su derecho a la vivienda y eliminar la corrupción”.

* En México vivimos sin Estado de derecho. Los desacatos a las órdenes de los jueces son ignorados una y otra vez por legisladores y autoridades. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada.

En el oficialismo, no son pocos los que piensan que las leyes son un arma de los conservadores para someter al pueblo y que los ministros de la Corte son esclavos del dinero. Es la doctrina obradorista.

El quiebre se dio con la aprobación de la reforma judicial que presentó Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024 para que jueces, magistrados y ministros fueran electos popularmente en las urnas.

La independencia judicial, principio fundamental de la democracia, desapareció con esa reforma constitucional propuesta por el anterior presidente.

Fue concretada por la mayoría calificada artificial que tienen Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, gracias a la complicidad del INE y el TEPJF.

Es en ese contexto que la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, entregó ayer la suspensión definitiva para parar el proceso de la reforma judicial a la oficialía de partes del INE.

Esta suspensión definitiva, otorgada en octubre del año pasado, ordena a los congresos locales y al INE que suspendan el proceso de armonización de la reforma judicial, que incluye la elección de jueces, magistrados y ministros.

Si los consejeros electorales no la acatan, “se puede dar vista al ministerio público”, advirtió la diputada naranja.